Desde hace algunos años se viene monitoreando la pérdida de grandes áreas boscosas dentro del ecosistema amazónico, ubicado en el territorio venezolano, en donde una investigación realizada por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (RAISG) reveló que cerca de 345 kilómetros de bosque se encuentran invadidas por la minería ilegal.
Fue hasta el mes de enero del presente año, que se contabilizó cerca de 1781 puntos, en los cuales se concentraban las actividades mineras que vinieron incrementándose luego de la firma de Arco Minero del Orinoco, decretada por el régimen de Nicolás Maduro en el 2016, permitiendo así la extracción de oro y otros minerales manejados por empresas nacionales y extranjeras.
«Se deforesta para que acampen los mineros y en el borde de los ríos, por el tipo de extracción. Se arrasan entre dos y diez hectáreas por punto minero. La mayoría está usando máquinas, motobombas y mercurio con reportes de población contaminada a través de la bioacumulación de la sustancia en peces de consumo», reveló Vilisa Morón, bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología.
Al parecer lo que comenzó como una intención por regularizar la minería ilegal, solo ha ocasionado que se depreden extensas áreas de bosques y que las ganancias obtenidas por la práctica de estas actividades mineras -según investigaciones periodísticas- no estarían llegando a las arcas del Banco Central de Venezuela, problema al que se suma la falta de información pública sobre el tema.
K.V.C.
