El procurador Ronald Angulo indicó que la ONPE incumplió su deber de garantizar que la voluntad ciudadana se exprese en las urnas de manera auténtica y oportuna. Además, señaló que pese a tener la titularidad de la organización de las elecciones, esa institución permitió un quiebre en el sistema de distribución del material electoral y que se omitieron pruebas de estrés y protocolos, lo que derivó en fallas en reconocimiento de códigos, verificación biométrica inoperativa y la necesidad de recurrir a cuadernos informales.
La denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa también alcanza al representante legal de la empresa Galaga S.A.C, Juan Alvarado Pfuyo,y a los diferentes funcionarios, entre ellos el de la ONPE Ricardo Saavedra (Gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional), Edward Alarcón (Gerente de Administración) y José Samamé (Gerente de Gestión Electoral).
Teniendo en cuenta lo siguiente se les atribuye en la denuncia tres posibles delitos; el primero, atentado contra el derecho de sufragio; el segundo, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y el tercero, obstaculización del normal desarrollo del acto electoral y estos puntos son considerados un agracio del Estado y de la sociedad. Aparte de esto, la denuncia también da cuenta de fallas del sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), que fue implementado por la ONPE para agilizar el proceso.
Aparte de esto, la denuncia también presenta una cuenta de fallas del sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), que fue implementado por la ONPE para agilizar el proceso. Finalmente, la Fiscalía solicitó que se indague en la declaración de los denunciados y los documentos que están siendo vinculados a la empresa Galaga, más la pericia forense del sistema STAE.
