Raúl Martínez, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otros funcionarios a cargo, por 18 meses, quienes fueron los responsables en el retraso y caos de las elecciones generales 2026.
En el requerimiento de detención se incluyen a José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez, Juan Charles Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho.
Según el documento fiscal, los hechos que se investigaron se relacionan con el presunto delito de colusión agravada, este caso se relaciona entre funcionarios de alto mando de la ONPE y el proveedor durante el proceso de contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue del material electoral.
El requerimiento cuestiona la forma de evaluación de los vehículos propuestos por cada empresa participante para distribuir el material electoral. Según los términos de referencia (TDR), las unidades participantes debían contar con un mínimo de 10 metros cúbicos, calculada gracias a las dimensiones mostradas en la tarjeta de propiedad del vehículo. A pesar de ello, durante la evaluación técnica el comité encargado de evaluar habría aplicado un criterio adicional que no se estableció con claridad en los términos del proceso de elección, el cual descontaba dos metros correspondientes a la cabina del vehículo para calcular con exactitud la carga del vehículo.
“El comité evaluador introdujo y aplicó un criterio técnico o pauta complementaria de cálculo que no se encuentra previsto con la debida precisión del TDR, alterando de facto la regla objetiva de cálculo inicialmente establecida”, indica el documento.
La investigación tomo fuerza luego del impacto mostrado en los comicios generales, en el que 63.000 mil limeños se vieron afectados por la falta de instalación de mesa, lo que produjo que no pudieron ejercer su derecho de votación. Estos problemas derivaron a la extensión de la jornada electoral, la renuncia de Piero Corvetto el 21 de abril y poder determinar si hubo acuerdos fraudulentos que comprometieron la integridad del sistema electoral el 12 de abril.
