Iván Paredes, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), reportó haber recibido amenazas de muerte tras aumentar las revisiones en varios centros penales del país, particularmente en el de Lurigancho. De acuerdo con su relato, las amenazas iniciaron después de los operativos donde se confiscaron antenas, enchufes y artículos prohibidos en los pabellones.
“La semana pasada me llamaron por teléfono a mi celular. Tuve dos llamadas en las que amenazaban contra mi vida, con lisuras, que me van a dar vuelta si seguía con las requisas”, declaró a TVPerú. Paredes añadió que incluso familiares de internos realizaron un plantón en protesta, impidiendo el ingreso de trabajadores y lanzando amenazas contra la jefatura del INPE.
El funcionario señaló que las amenazas no solo le impactan a él, sino también a sus conocidos, parientes y vecinos, dado que reside en un departamento. No obstante, afirmó que las requisas seguirán realizándose a menudo y que no se dejará intimidar. La Fiscalía llevará a cabo la investigación del caso, en coordinación con el comisario de Monterrico.
Paredes admitió que la existencia de drogas, armas y dispositivos ilegales en las cárceles se debe a la corrupción e ineficacia de los funcionarios penitenciarios, un asunto que, según expresó, debe abordarse con determinación.
Ante las acusaciones, el titular del INPE también expresó su voluntad de hacerse una prueba de polígrafo si el presidente lo demanda, y aseguró que su puesto está a disposición de las decisiones del Ejecutivo. Sin embargo, se enfrenta a interrogantes: una indagación de Cuarto Poder lo relacionó con un supuesto requerimiento de S/80.000 en 2019 para facilitar la liberación de un exagente policial, lo cual él rechaza.
Además, registra antecedentes disciplinarios: fue inhabilitado en 2023 por el Colegio de Abogados de Lima tras una denuncia por estafa, y en 2024 recibió una multa de más de S/16.000 del Indecopi por incumplimientos en su ejercicio profesional como abogado, incluyendo la falta de entrega de recibos y la no devolución de US$ 3.500 a un cliente.
La denuncia de Paredes abre un nuevo capítulo en la crisis penitenciaria del país, marcada por la violencia, la corrupción y la falta de control en los centros de reclusión.
