El Consejo Fiscal advirtió que el Perú podría perder cada año alrededor de 35 mil millones de soles por el impacto de las leyes aprobadas por el actual Congreso de la República. Según el informe del equipo dirigido por el economista Alonso Segura, la producción legislativa con efectos negativos sobre las finanzas públicas se ha triplicado respecto a periodos anteriores y amenaza con elevar la deuda pública a niveles históricos.
Desde agosto de 2021, el Parlamento ha promulgado 229 leyes con impacto fiscal negativo, el triple del promedio registrado en los tres periodos legislativos previos. De ese total, el 44% fue aprobado por insistencia, es decir, pese a las observaciones técnicas del Poder Ejecutivo. En la práctica, el Congreso actual ha promulgado 999 leyes, una cifra que representa el 33% de todas las normas aprobadas desde 2006.
El informe del Consejo Fiscal detalla que el 79% de las normas analizadas incrementan el gasto público, el 17% reduce ingresos fiscales y el 4% afecta recursos de gobiernos subnacionales. Solo las leyes aprobadas por insistencia generan un costo anual superior a S/35.000 millones, lo que representa 65 veces más que en los 16 años previos.
El organismo autónomo también advierte que la deuda pública nacional podría alcanzar el 70% del PBI en 2036, muy por encima del límite legal del 30% establecido en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Solo con las leyes ya promulgadas, la deuda superaría el 47% del PBI en ese mismo horizonte.
El Consejo Fiscal señala que el proceso legislativo ha perdido rigor técnico. Menos del 45% de las normas con impacto fiscal fueron observadas por el Ejecutivo, y solo tres acciones de inconstitucionalidad se han presentado ante el Tribunal Constitucional desde 2021. Muchas leyes, advierte el informe, se aprobaron sin estimaciones de costo fiscal ni revisión de la Comisión de Presupuesto.
Entre las normas más onerosas se incluyen incrementos de pensiones y salarios, nombramientos automáticos de docentes y la homologación salarial en el sector público. Estas medidas, según el organismo, generan presión fiscal permanente sin mostrar beneficios claros en el crecimiento económico.
El estudio proyecta que, si se implementan las 53 iniciativas legislativas actualmente en trámite con costos cuantificados, el déficit fiscal promedio entre 2026 y 2036 llegaría al 5,8% del PBI, frente al 1% previsto por el Ministerio de Economía y Finanzas. Incluso bajo supuestos optimistas de mayor crecimiento o reasignación presupuestal, la deuda mantendría una tendencia ascendente, situándose entre el 59% y 75% del PBI hacia 2036.
Finalmente, el Consejo Fiscal concluye que la aprobación masiva de leyes sin respaldo técnico ni sostenibilidad financiera compromete la estabilidad macroeconómica del país y limita la capacidad del Estado para responder a futuras crisis o invertir en prioridades sociales de largo plazo.
