Patricia Benavides regresó el martes último al Ministerio Público para retomar sus labores como fiscal suprema, luego de la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anuló sus suspensiones. Sin embargo, su retorno está marcado por cuestionamientos y una tensa decisión sobre su ubicación institucional dentro del Ministerio Público.
Un regreso polémico y bajo resguardo
Benavides llegó a la sede principal del Ministerio Público acompañada de su abogado Juan Peña y con fuerte resguardo policial para participar en la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos convocada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Su llegada generó manifestaciones a favor y en contra, reflejando la división ante su reincorporación.
El contexto de su vuelta tiene antecedentes complejos: en junio, intentó asumir como fiscal de la Nación en reemplazo de Espinoza, pero fue suspendida por 24 meses por investigaciones relacionadas al caso «Los Cuellos Blancos del Puerto» y conductas delictivas reiteradas. No obstante, la Corte Suprema anuló dicha suspensión amparándose en su protección constitucional, dado que solo el Congreso puede levantar ese fuero. También se revocó otra suspensión por supuesta interferencia en investigaciones contra su hermana, la jueza Emma Benavides.
Debate sobre su asignación y futuro en la Fiscalía
Tras su regreso, la Junta de Fiscales Supremos votó en contra de que Benavides sea representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con cinco votos contra uno. Esto dejó en manos de la fiscal de la Nación la decisión de ubicarla en un despacho dentro de la Fiscalía Suprema. Actualmente, existen dos fiscalías supremas especializadas en delitos cometidos por funcionarios públicos disponibles, pero ambas están involucradas en investigaciones que podrían generar un conflicto de interés para Benavides, dado que una investiga el caso «Los Cuellos Blancos del Puerto» y la otra la investigación contra su hermana por presuntos sobornos.
Por ello, se analiza reubicar a otros fiscales como Tomás Gálvez para liberar la Fiscalía Suprema de Familia, donde Benavides podría ser designada. Su abogado critica la demora en esta designación y advierte que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, podría enfrentar inhabilitación o destitución por supuestas infracciones constitucionales en la gestión del conflicto.
En un oficio enviado el 11 de agosto, Benavides exigió formalmente que se le asigne un despacho conforme al artículo 62 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, argumentando que todas las plazas titulares estarían ocupadas y una debería corresponderle a ella.
Una etapa incierta en el Ministerio Público
El regreso de Patricia Benavides abre un nuevo capítulo de tensiones y polémicas en la Fiscalía. Su incorporación surge tras la anulación judicial de suspensiones que ella misma consideraba arbitrarias, pero su destino dentro de la institución aún no está claro debido a los conflictos de interés y resistencia política interna. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, será clave para definir su lugar y la estabilidad de la fiscalía en los próximos días.
Mientras tanto, la figura de Benavides sigue siendo motivo de debate entre sectores judiciales y la opinión pública, que observan de cerca su papel en causas sensibles de corrupción y justicia en el país. La resolución oficial sobre su despacho se publicará próximamente en el diario El Peruano, mientras su presencia vuelve a generar expectativas y controversias en el sistema de justicia peruano.
