Este jueves 10 de julio de 2025, mineros informales mantienen bloqueado un tramo de la carretera Interoceánica en el distrito de Lucanas, Ayacucho, entre los kilómetros 120 y 130, desde las 8 a.m. La protesta es parte de un paro nacional que ya cumple diez días y que afecta al menos seis rutas en cuatro regiones, en rechazo a la exclusión de más de 50 mil trabajadores del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y en demanda de la aprobación de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), archivada por el Congreso.
Bloqueos y consecuencias económicas
Además de Ayacucho, las vías bloqueadas incluyen puntos en La Libertad, Nasca, Arequipa y Cusco, afectando el tránsito de carga y pasajeros. En Juliaca, mineros informales anunciaron movilizaciones hacia la Panamericana Sur, que conecta con Arequipa y la frontera con Bolivia.
El impacto económico es severo: según el ministro de Transportes, César Sandoval, las protestas generan pérdidas diarias por 280 millones de soles. En Arequipa, la industria lechera suspendió la recolección diaria de 700 mil litros de leche, afectando a 1,500 proveedores y la economía rural. También se reporta desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicinas, con largas colas en grifos y aumento de precios.
La Cámara Internacional de Transporte reporta más de 200 unidades vehiculares y cerca de mil camiones varados en el sur. La Cámara de Comercio de Ica señaló que la paralización no tiene precedentes desde el paro agrario de 2020, afectando a pequeños productores y agricultores cuyos despachos se malogran en carretera.
Respuesta oficial y advertencias
El ministro de Transportes anunció que los bloqueos serán despejados a más tardar este viernes y que los organizadores ya están identificados. El canciller Elmer Schialer reiteró que el Gobierno no cederá ante medidas ilegales y denunció que cerca del 48% del oro exportado en Perú proviene de fuentes ilegales, vinculadas a violaciones laborales y fiscales.
El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, advirtió que la informalidad minera perpetúa condiciones de explotación y trabajo infantil, y que la formalización es una política social para más de 1.2 millones de trabajadores informales.
Por otra parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que se agotará el diálogo antes de cualquier intervención, pero advirtió que el Gobierno actuará con “decisión y firmeza” para restablecer el orden.
Contexto y demandas
El conflicto se originó tras la exclusión de más de 50 mil mineros informales del proceso de formalización y el rechazo en el Congreso de la Ley MAPE. Los manifestantes exigen revertir estas decisiones y denuncian trabas burocráticas para su regularización. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) lidera las protestas y amenaza con radicalizar las medidas si no se atienden sus demandas.
El paro minero informal, que ya cumple diez días, ha paralizado rutas estratégicas y evidenciado la complejidad del proceso de formalización en el sector. Mientras el Gobierno insiste en mantener el orden y la legalidad, la presión social y económica crece en las regiones afectadas, poniendo a prueba la capacidad de diálogo y respuesta del Estado ante un conflicto que impacta a miles de familias y a la economía nacional.
