La decisión, oficializada mediante un Decreto Supremo publicado en el diario «El Peruano«, permite la participación de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional en tareas de control del orden público, en el marco del artículo 137 de la Constitución Política. La medida regirá desde el 8 de junio y fue adoptada tras las solicitudes de autoridades locales, comunidades y empresas afectadas por el accionar de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal.
Fuerzas Armadas seguirán a cargo del orden interno
La decisión contempla la participación activa de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar el orden interno en un contexto donde organizaciones criminales han tomado el control de territorios mineros, generando zozobra en la población y atentando contra trabajadores del sector. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, informó que la medida responde a una evaluación conjunta con las autoridades locales, líderes comunales y empresas que operan legalmente en la zona. “El Gobierno no permitirá que mafias de la minería ilegal siembren el terror. Vamos a recuperar la autoridad del Estado en Pataz”, afirmó durante una conferencia de prensa.
Como parte de las nuevas disposiciones, se modificó el horario de inmovilización social obligatoria. El nuevo toque de queda regirá de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., permitiendo así que las actividades económicas y logísticas puedan reanudarse durante el día. De manera paralela, el Ejecutivo ha autorizado el reinicio de las operaciones mineras formales y de aquellas en proceso de formalización registradas en el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), lo que representa un importante paso para dinamizar la economía local, seriamente golpeada por la paralización forzosa tras los atentados. Los trabajadores mineros deberán estar debidamente acreditados, y las actividades se limitarán al horario comprendido entre 5:00 a.m. y 10:00 p.m., como medida de prevención y control.
El crimen que marcó un punto de quiebre
La prolongación del estado de emergencia se produce en respuesta directa a la masacre de 13 trabajadores mineros en abril pasado, perpetrada por presuntos integrantes de redes de minería ilegal. Las víctimas, todas colaboradoras de la contratista R&R, que brindaba servicios a la minera Poderosa, fueron secuestradas y asesinadas de forma brutal. El hecho marcó un punto de quiebre en la seguridad regional y reveló la penetración de organizaciones criminales fuertemente armadas.
El presunto cabecilla de la organización criminal, Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, ya se encuentra bajo custodia de la PNP tras haber sido capturado en Colombia y trasladado al Perú. Inicialmente logró salir del país sin impedimentos legales, lo que complicó su ubicación. Las autoridades también vinculan a la banda «Los Parqueros» como responsable directa del ataque en Pataz.
Un territorio sin ley: presencia de más de 50 plantas ilegales
El propio alcalde provincial de Pataz, en declaraciones recientes, denunció que en la zona existen más de 50 plantas de procesamiento de minerales operando de forma ilegal, sin supervisión ni fiscalización alguna por parte del Estado. “Estamos frente a un problema estructural. La minería ilegal no solo contamina, sino que alimenta redes de violencia, extorsión y trata de personas. Necesitamos presencia real del Estado, no solo declaraciones”, sostuvo.
El burgomaestre también lamentó la falta de logística y personal capacitado en la región para enfrentar estas redes delictivas. A pesar del despliegue militar, advirtió que el Estado no ha logrado erradicar el control territorial que ejercen los grupos ilegales. La minería representa el motor económico de Pataz, empresas como Minera Poderosa generan empleo directo e indirecto para miles de familias. Sin embargo, la paralización forzosa de actividades legales ha dejado a cientos de trabajadores sin ingresos, y ha generado incertidumbre en los mercados locales.
Por ello, la reanudación de la minería formal es vista como una medida necesaria, pero no exenta de riesgos. Para muchos especialistas, sin una estrategia integral de fiscalización, control ambiental y formalización real, la minería ilegal continuará creciendo. “El problema no se soluciona solo con presencia militar. Se necesita inversión en educación, salud, infraestructura, y un plan de formalización minera con resultados concretos”, opinó la socióloga Maritza Ramos, experta en desarrollo regional.
Contexto nacional: minería y crimen organizado
Perú es el tercer productor mundial de cobre y uno de los mayores de oro. Sin embargo, la minería ilegal representa un problema crónico que afecta no solo a La Libertad, sino también a regiones como Madre de Dios, Puno y Amazonas. Se estima que esta actividad mueve millones de dólares al año, muchas veces lavados a través de empresas fachada y bajo el amparo de redes de corrupción.
En 2024, la Defensoría del Pueblo reportó que más del 40% del oro exportado por Perú no tenía trazabilidad clara, lo que evidencia la magnitud del problema.
