La violencia criminal volvió a teñir de sangre las calles del norte chico. Carolina Arregaburgos, una mujer de nacionalidad ecuatoriana y trabajadora sexual de 30 años, fue asesinada a sangre fría dentro de un hospedaje ubicado en el distrito de Huacho, provincia de Huaura, en la región Lima. El crimen, que se produjo en horas de la tarde del martes 13 de mayo, ha conmocionado a la población local y ha encendido las alarmas sobre el avance del sicariato y la extorsión en esta ciudad costera.
Un crimen premeditado
De acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), Arregaburgos había sido víctima de amenazas por parte de una presunta banda de extorsionadores que opera en la zona. Estas organizaciones criminales —que han ampliado su alcance en distintas regiones del país— exigen a las trabajadoras sexuales el pago de cupos diarios o semanales para dejarlas trabajar en determinadas zonas, bajo amenazas de violencia física o muerte. Fuentes policiales informaron que Carolina se habría negado a pagar dicho cupo, razón por la cual habría sido marcada por la organización. Horas antes del ataque, la víctima ya había sido advertida de manera directa, según testigos. El asesinato ocurrió dentro de un hospedaje donde la mujer residía temporalmente. Un sujeto ingresó al lugar y, sin mediar palabra, disparó directamente contra ella, provocándole la muerte instantánea.
El criminal escapó de la escena del crimen en una motocicleta que lo esperaba afuera, presumiblemente conducida por un cómplice. La policía ha iniciado las investigaciones correspondientes y no descarta que este asesinato esté relacionado con redes más amplias de trata, extorsión y sicariato que operan en la región.
Huacho, en la mira del crimen organizado
Este lamentable hecho ocurre en un contexto de creciente inseguridad en Huacho y sus alrededores. El día anterior, el lunes 12 de mayo, fue hallado un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un descampado cerca de la Panamericana Norte. Aunque aún no se ha confirmado una conexión directa entre ambos casos, los investigadores no descartan la existencia de un patrón común: el sicariato como mecanismo de control territorial por parte de bandas delictivas. Vecinos de la zona señalan que este tipo de crímenes se ha vuelto más frecuente en los últimos meses, particularmente en zonas donde se ejerce el trabajo sexual. «Todos saben que hay mafias que cobran por trabajar, y si no pagas, te amenazan o te hacen desaparecer», indicó una residente que prefirió mantener el anonimato.
Este crimen también expone la profunda vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales, especialmente migrantes, que no cuentan con redes de apoyo ni protección institucional. Colectivos feministas y organizaciones de defensa de derechos humanos han alzado la voz para exigir una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables. También demandan políticas públicas que garanticen seguridad y acceso a derechos para estas mujeres, a menudo invisibilizadas por el sistema judicial y social. En declaraciones a la prensa, la vocera de la organización Mujeres con Dignidad, dedicada a la defensa de derechos de trabajadoras sexuales, lamentó el crimen: “La extorsión a nuestras compañeras se ha normalizado en muchas ciudades. Hoy le tocó a Carolina, pero mañana puede ser cualquier otra. No podemos seguir tolerando que nos maten por trabajar”.
Investigación en curso y llamado a la ciudadanía
La División de Homicidios de la PNP ha asumido la investigación y ha recogido testimonios, grabaciones de cámaras de seguridad, y otros elementos que podrían conducir a los responsables. Se presume que los autores intelectuales podrían pertenecer a una banda criminal de origen extranjero, aunque esta hipótesis aún está en evaluación.
Las autoridades han exhortado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información relevante para resolver el caso. Los datos pueden ser brindados de forma anónima llamando a la línea gratuita 105 o al WhatsApp de la Dirincri.
Una muerte que exige justicia
El asesinato de Carolina Arregaburgos no debe ser un número más en las frías estadísticas de la criminalidad. Detrás de su nombre hay una historia, una vida truncada por la violencia impune que se expande en el país. Hoy su caso se convierte en símbolo de una realidad que no puede seguir siendo ignorada: la vida de las trabajadoras sexuales también importa.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de trabajadoras sexuales han denunciado en múltiples ocasiones la falta de protección y respuesta efectiva por parte de las autoridades. Exigen políticas públicas que garanticen su seguridad y el respeto a sus derechos laborales y humanos. La PNP ha instado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer estos crímenes. Para reportar incidentes o brindar datos relevantes, se puede contactar a la Central Policial marcando el 105. Este trágico suceso pone en evidencia la urgente necesidad de abordar la problemática de la extorsión y el sicariato en el país, así como de implementar medidas efectivas para proteger a las poblaciones más vulnerables.
