El pasado martes 22 de enero, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra once congresistas por el presunto delito de negociación incompatible en perjuicio del Estado. Entre los implicados se encuentran figuras como José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.
De acuerdo con la información obtenida, los congresistas habrían influido de manera indebida en la aprobación del dictamen del proyecto de ley 319-2021, que permitió a ciertos legisladores acceder a un doble ingreso: sueldo como funcionarios públicos y pensión de las Fuerzas Armadas. Esta situación se habría dado mientras formaban parte de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas durante el periodo 2021-2022.
«Los congresistas pueden acceder a la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea, sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargo de elección popular y pensionistas de las Fuerzas Armadas», detalla el comunicado emitido por el Ministerio Público.
La denuncia generó una respuesta inmediata. Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, anunció que presentará una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, argumentando que el artículo 93 de la Constitución respalda el accionar de los parlamentarios en la emisión de votos y decisiones legislativas.
En una línea similar, Jorge Montoya expresó su apoyo a la medida propuesta por Juárez y defendió su ingreso como pensionista. «Aporté 41 años de servicio al fondo de pensiones; es un derecho que nadie me puede quitar», afirmó.
Este caso pone en evidencia la delgada línea entre el ejercicio de funciones parlamentarias y el respeto por los recursos del Estado. La denuncia de la Fiscalía marca un precedente en la lucha contra posibles abusos en el uso de fondos públicos, mientras que las reacciones de los legisladores implicados reflejan la complejidad del tema desde el punto de vista constitucional y político.
El desarrollo de este proceso será clave para determinar la responsabilidad de los implicados y el impacto que tendrá en la percepción ciudadana hacia el Congreso de la República.
