En un nuevo ataque a la libertad de expresión y a la seguridad jurídica en el país, el viceministro de Trabajo, Sergio Jiménez, realizó censurables declaraciones demandando una nueva licitación para los canales televisivos peruanos “porque todos los días conspira contra nosotros”.
No es la primera vez que representantes del Gobierno del presidente Pedro Castillo, incluido él, realizan campañas de desprestigio contra la prensa, maltratan a periodistas tanto físicamente, como cuestionando su labor; y, asimismo se niega a la prensa el derecho a obtener información y negando la realización de conferencias de prensa, para que se esté correctamente informado de lo que sucede en el país.
Ahora, el viceministro de Trabajo de marras, pretende quitarle a la TV sus licencias y anteriormente el presidente Castillo amenazó con excluir a los medios de comunicación la publicidad estatal.
El exabrupto del viceministro Jiménez, confabula contra la imagen internacional del Perú, porque pone en peligro las inversiones de toda índole, al evidenciar la falta de seguridad jurídica en la nación, en este caso vulnerar los derechos adquiridos de la televisión peruana.
El Gobierno pretende, a través de las palabras, en esta oportunidad, del viceministro y una vez más, imponer el pensamiento único, característico de los gobiernos totalitarios y tener una prensa afín, sojuzgada y arrodillada ante el poder y que no exista libertad de expresión, base de toda democracia y un derecho fundamental de los ciudadanos incluido en la Constitución.
Por eso es que también el viceministro en su discurso ante un grupo de dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Perú, que realizaba su plenario, reclamó una nueva constitución. ¿Para qué? ¿Para negar los derechos humanos de los peruanos? ¿Para limitar la libertad de expresión? ¿Para cambiar el capítulo económico y cerrar las puertas a las inversiones, configurando un grave daño a la ya golpeada -por mal manejo- economía nacional?
De otro lado, sería conveniente para la democracia peruana, que el Congreso apruebe la creación de un organismo plural, privado-estatal, y autónomo, que tenga a su cargo el otorgamiento de las licencias de radio y televisión, que sea un regulador ejemplar para estos medios, que defienda y proteja la libertad de expresión y promueva los valores y principios democráticos; y así no esté, como ahora, bajo el capricho de los gobiernos de turno, de otorgar y quitar licencias por razones políticas.
Las declaraciones del viceministro de Trabajo, Sergio Jiménez, deben ser rechazadas por la sociedad peruana, porque configuran un grave atentado a la libertad de expresión.
