El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, envió una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino, en la que indicó la existencia de “insalvables vicios de inconstitucionalidad formales y materiales” en el proyecto de Ley que modifica la inmunidad parlamentaria y a otras altas autoridades.
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En el texto Gutiérrez también señala que la propuesta tendría que haber cumplido con las reglas específicas de procedimientos establecidas en la Carta Magna y el Reglamento del Congreso. En ese sentido, la iniciativa de Ley debió ser sometida al análisis técnico de las comisiones parlamentarias.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la discusión a nivel de grupos de trabajo parlamentario habría garantizado la participación de la sociedad civil y otras instituciones públicas. De igual forma, señala que era necesario que la iniciativa hubiera sido producto de exhaustivas deliberaciones.
Asimismo, Gutiérrez señaló que el proyecto elimina las garantías previstas en la Constitución para asegurar la independencia el desarrollo de las funciones de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
T.A.C.A.
