En el informe que data del 11 al 13 de enero, Ralón condena los actos de violencia durante las movilizaciones sociales en Perú.
“Condenamos la violencia por parte de las fuerzas de seguridad que están en proceso de investigación y también la violencia que ha afectado a una serie de bienes públicos”, manifestó el comisionado.
En esa línea, indicó que “En el caso de las fuerzas de seguridad, insto a que su intervención para mantener el orden público se realice con respeto a los estándares interamericanos de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
A la vez, subrayó que “la violencia no es parte del derecho de protesta”, y pidió que las manifestaciones se hagan “de manera pacífica”.
El origen de la larga crisis que vive el país fue identificado por Ralón en algunos preceptos constitucionales como la capacidad del Congreso para destituir al presidente y el poder del presidente para disolver el Congreso. Por lo cual, pidió que sean reformados con “parámetros claros”.
Asimismo, solicitó evitar la “estigmatización” de ciudadanos de origen aimara que participan en las protestas y que han sido tildados de “terroristas” o “indios”.
Finalmente, hizo un llamado al “diálogo amplio” de país con respeto a los derechos humanos y en el que “todas las voces sean escuchadas”.
