El ministro del Interior, Vicente Romero, manifestó que el estado de emergencia está en proceso de desarrollo y se evaluarán los resultados a medida que progrese. También opinó que no es necesario implementar esta medida en otras áreas de Lima.
El impacto del estado de emergencia en la seguridad ciudadana ha generado controversia en Perú. Aunque esta medida tiene como objetivo facilitar la labor de la policía y permitir su intervención inmediata en lugares sospechosos, hay quienes cuestionan su eficacia en vista del aumento de la violencia en el país.
Durante el estado de emergencia, en San Juan de Lurigancho se han registrado fallecimientos y ataques violentos, lo que cuestiona la efectividad de la medida. Romero enfatizó la relevancia de incorporar la prevención social en una estrategia integral de seguridad.
Por otro lado, el ministro señaló la importancia de fomentar una mayor cooperación entre las instituciones del Estado con el fin de evitar lo que se conoce como “puertas giratorias” en el sistema judicial. Para evitar la liberación de delincuentes peligrosos, se busca mejorar la cadena de justicia, que incluye a la Policía Nacional, el Ministerio Público, los jueces y el propio Poder Judicial.
En lo que respecta al apoyo a la policía, las municipalidades pueden utilizar una parte de su presupuesto para comprar vehículos, equipos médicos y laboratorios de criminalística para mejorar la capacidad de investigación y peritaje en casos delictivos.
