Después de un largo periodo de cinco años, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió una demanda generada en el año 2014 por la empresa Sociedad Minera Cerro Verde, contra el organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Además, la TC declara que la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los servicios públicos, aplica un aporte por regulación, que no le permitirá exceder del 1 % del valor de la facturación anual, incluido el IGV y el Impuesto Municipal, de las empresas bajo su ámbito.
Igualmente, se detalló los aportes de los años 2014 (0.15 %), 2015 (0.15 %) y 2016 (0.13 %) aplicados sobre la facturación anual deducido al IGV y el impuesto Municipal, por lo que este aporte no afecta a la norma de ley, es decir, los impuestos deben realizarse solo por norma de rango legal y no reglamentario.
Por otro lado, el fallo determina que no existe una afectación de confiscatoriedad, esto solo afecta el capital de la empresa mas no de su utilidad porque está directamente relacionada a la producción y/o extracción de sus actividades.
J.L.C.
