La reciente orden del Tribunal Constitucional (TC) de suspender el cobro del peaje en el Chillón, ubicado en Puente Piedra, ha desencadenado una serie de repercusiones que mantienen en vilo a conductores y autoridades por igual.
Según el fallo del TC, el cobro del peaje vulnera el derecho al libre tránsito de los vecinos y usuarios de la vía, lo que ha llevado a efectivos de la Policía Nacional a resguardar el lugar, permitiendo la circulación de vehículos de norte a sur sin restricciones.
Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre la duración de esta medida. El magistrado del TC, Helder Domínguez, ha explicado que la suspensión del peaje continuará hasta que se implementen rutas alternas adecuadas para el tráfico, una tarea que presenta desafíos logísticos importantes.
Por su parte, la concesionaria Rutas de Lima SAC ha expresado su desacuerdo con la decisión del TC, argumentando que la sentencia vulnera sus derechos bajo el contrato de concesión y genera inseguridad jurídica para futuras inversiones en el país.
En medio de esta controversia, el debate sobre el derecho al libre tránsito y la estabilidad jurídica continúa en Puente Piedra.
