El abogado penalista y especialista en libertades informativas Roberto Pereira, sostuvo que la denuncia realizada por la periodista Ximena Pinto, en el sentido de que el premier Aníbal Torres la despidió del cargo que ocupaba en la Presidencia del Consejo de Ministros por negarse a cortar la publicidad al diario El Comercio, puede tener implicancias legales a nivel constitucional y penal.
Según Pereira, lo dicho por Pinto está calificado como violación de la libertad de expresión indirecta; esto es, la asignación discrecional de publicidad estatal para castigar o premiar a un medio por su línea editorial. “Es una conducta violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 1.3, y de la Constitución peruana, en su articulo 2.4. Esto puede generar al Perú responsabilidad internacional”, dijo el especialista.
El abogado explicó que podrían configurarse dos figuras. Una es la malversación, que implica disponer o asignar recursos del Estado a finalidades diferentes a las previamente destinadas. “Acá aparentemente no se habría ejecutado, pero el código penal sanciona la tentativa”, añadió.
Premier se defiende
En un comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana pidió que el premier explique lo señalado el miércoles por Pinto. Por la noche, Torres insistió en que la mayor publicidad se tiene que hacer en los medios del Estado y además también había que considerar a medios de las regiones y locales. “No debe haber monopolio.. Yo no actúo al margen de la ley”, señaló.
También confirmó que la discusión fue precisamente porque la periodista le dijo que no estaba bien sacar del plan de medios de la campaña escolar a El Comercio y a Canal 4 por razones nada técnicas, como ‘atacar’ al Gobierno.
De acuerdo con el CPP, “el direccionamiento” denunciado por Pinto “representa un delito y un atentado contra el derecho de los ciudadanos a informarse de las actividades de su Estado”.
Pinto, de amplia trayectoria en el Estado, trabajaba en el Ministerio de Justicia con Torres. Cuando este fue nombrado premier, se hizo cargo de la Secretaría de Comunicación Social, que maneja un presupuesto de 18 millones de soles para publicidad. Ella asegura que defendió la necesidad técnica de no excluir a El Comercio. Incluso pidió a los asesores del presidente Castillo que intercedieran con él para buscar una solución. Igual Torres la despidió.
