La Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó por mayoría de voto el dictamen de la Ley que regula la publicidad estatal. Además, prohíbe que se contrate publicidad con empresas que tengan deudas con el Estado.
El texto aún tiene que ser visto por el Pleno del Parlamento. Esto prioriza la difusión de la publicidad estatal en los medios de la comunicación privados. Asimismo, precisa que en los lugares donde no tengan presencia, se podrá contratar con medios de comunicación del Estado.
En un principio, el documento planteaba que se prefiera a los medios estatales sobre los privados, pero los legisladores Mercedes Araoz (Peruanos por el Kambio) y Eloy Narvaez (Alianza por el Progreso) pidieron que se modifique, ya que se debe considerar que era inconstitucional que se obligue a los entes públicos a contratar con un determinado sector.
También quedó prohibido que las centrales de medios de comunicación y empresas, que diseñen las estrategias de publicidad y comunicación, cobren un porcentaje o pago adicional como comisión de servicios a los medios contratados para pasar los avisos de publicidad estatal.
Otra de las modificaciones que se aprobó en el debate de hoy, también a pedido de los dos legisladores mencionados, es que el presidente del Consejo de Ministros acudirá anualmente a la Comisión Presupuesto para sustentar los gastos en publicidad estatal. En un principio se había planteado que lo haga ante el Pleno.
«Creo que ha sido un buen predictamen, hemos trabajado varios meses. Se ha recogido las inquietudes de casi todos los congresistas. Había el tema de la preferencia por los medios públicos en vez de los privados, cuando por [mandato de la] Constitución fomentamos el desarrollo del sector privado», comentó Araoz a la salida de la sesión.
Prohibición para deudores
Alejandra Aramayo, congresista de Fuerza Popular, planteó en el debate que las empresas de comunicación que tengan deudas con el Estado no puedan ser beneficiadas con contratos de publicidad estatal. En el mismo sentido, fue apoyada por Edmundo del Águila de Acción Popular.
La propuesta fue recogida, pero solo serán aplicadas a las empresas que tengan deudas firmes y consentidas y no en disputa o con sentencia judicial. «Porque se estaría perjudicando la libre empresa», señaló Araoz.
B.M.O.
