Sada Goray es la empresaria acusada de haber pagado 5.4 millones de soles en sobornos durante el Gobierno de Pedro Castillo y, debido a ello, se encuentra recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
Aunque, la corrupción que embarra a la empresa Marka Group de Goray y funcionarios del Fondo Mivivienda (FMV) aún tiene que esclarecerse, puesto que según un informe de la Contraloría, existen al menos 26 funcionarios implicados en el caso.
INVOLUCRADOS
El 3 de febrero de 2021, Sada Goray le comunicó al FMV la intención de su empresa inmobiliaria Marka Group de firmar un acuerdo para otorgar créditos hipotecarios para la adquisición de Viviendas de Interés Social (VIS).
Así pues, en los siguientes meses, su compañía tuvo intercambios de correos con varios funcionarios: José Forero Monroe (Gerente Comercial), Paulo Morán Villanueva (Jefe del Departamento de Administración de Canales y atención al Cliente), Hernando David Carpio Montoya (Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales) e Iván Nino Huertas Gastiaburú (Gerente de Riesgos y miembro del Comité de Riesgos).
Sin embargo, ninguno de ellos hizo alguna observación relacionada a los formularios que envió la empresaria.
Además, se añaden los nombres de Linda Ávila (Gerente Legal) y María Teresa Rivas (Asesora de Gerencia Comercial), funcionarias que accedieron a las comunicaciones y tuvieron conocimiento de la información remitida por Marka Group.
También, el 18 de agosto de 2021, se reunió de forma virtual el Comité de Riesgos del FMV conformada por la presidenta Greta Pedal, así como los miembros José Olivares, Bruno Novella e Iván Huertas. En calidad de participante estuvo presente Sandro Cáceres, jefe del Departamento de Riesgo de Crédito y Seguimiento de Cartera.
Según Paulo Morán, Marka Group si cumplió con los requisitos de la solicitud de suscripción para otorgar préstamos Sin embargo, la Contraloría dio cuenta de que la compañía de Goray no presentó los estados financieros auditados de los dos últimos ejercicios anuales, la clasificación de riesgos externa vigente y la declaración jurada sobre el origen de los fondos que se destinarán para el otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria.
“Finalmente, el 15 de setiembre de 2021, se aprobó la suscripción del convenio sin haber presentado todos los documentos solicitados conforme a la normativa aplicable”, reza el informe.
La Contraloría advierte que los funcionarios que firmaron y visaron el convenio, permitieron que se supriman aspectos importantes y de cumplimiento.
