El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, explicó uno de los fundamentos por los que el TC decidió por unanimidad declarar inconstitucional la Resolución Legislativa 007-2017-2018-CR que modificaba el reglamento del Congreso en lo relativo al planteamiento de cuestión de confianza; esta razón se debe a que dichos cambios alteran el equilibrio de poderes que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo.
“El Congreso ha excedido la facultad que le otorga la constitución de autonormarse a través de su reglamento, tal atribución es para materias propias de su funcionamiento y no para regular y restringir competencias constitucionales propias del Presidente de la república o de los ministros de Estado”, anunció en conferencia de prensa.
En ese sentido precisó que dicha norma limita la libertad que tiene el presidente de la República para nombrar a sus ministros y recorta la facultad de éstos para plantearla. Por ello, destacó su importancia para preservar el equilibrio de poderes que manda la Constitución.
“El TC considera que la cuestión de confianza es un contrapeso en manos del Ejecutivo frente a la facultad del parlamento para exigir responsabilidad política a los ministros a través de la moción de censura”, manifestó.
El titular del TC añadió que el texto completo de la sentencia con todos los fundamentos se publicará en la página web del organismo el 15 de este mes, luego será remitida al diario El Peruano, para que al día siguiente sea publicada a fin de que se haga oficial que la resolución ha quedado sin efecto.
Durante el ruedo de preguntas de la prensa, Blume indicó que la sentencia emitida hoy debe ser evaluada y tomada en cuenta para cualquier efecto futuro al ser consultado si es que el fallo tendrá efecto de ser aprobada la bicameralidad en el referéndum. Como se recuerda, el proyecto de retorno a la bicameralidad fue aprobado en el Congreso, pero con cambios en los escenarios en que el presidente podrá plantear cuestión de confianza.
Finalmente, Blume recordó que “es fundamental en el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho que se respeten las competencias constitucionales y que cada órgano del Estado ejerza tales competencias en el marco de la constitución porque ello garantiza un ejercicio adecuado del poder, sin concentración ni abuso de este”.
A.A.M.
