Las ventas de chips en lugares están totalmente prohibidas. Sin embargo, las empresas operadoras continúan incumpliendo las normas de contratación, lo cual es fiscalizado y sancionado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
La venta de chips ambulatorios pone en riesgo los derechos de las personas como consumidores de servicios de telecomunicaciones porque no puede garantizar que se sigan los protocolos de seguridad requeridos para la contratación de una red móvil.
La problemática de la venta de chips móviles ambulatorios fue supervisada por Osiptel, que desde 2019 a la fecha ha realizado más de 370 acciones de fiscalización a nivel nacional.
“En estas acciones nuestros fiscalizadores verifican que las empresas operadoras cumplan con las obligaciones establecidas para la contratación de un servicio móvil, lo que ha derivado en más de 40 procedimientos administrativos sancionadores y la imposición de medidas cautelares”, señaló el director de Fiscalización e Instrucción del OSIPTEL, Luis Pacheco Zevallos.
Asimismo, mencionó que aún se sigue presenciando que las principales empresas operadoras continúan realizando ventas públicas y que se ha establecido que no se adhieren a los estándares para la confirmación de la identidad de las partes involucradas en un contrato mediante el uso de datos biométricos tanto del comprador como del vendedor y el uso exclusivo de la contraseña del comprador, entre otras cosas.
Como resultado, a partir de 2020, el OSIPTEL ha impuesto multas por alrededor de S/25 millones a las empresas de telefonía móvil por infracciones relacionadas con las normas que rigen la venta de chips móviles en el mercado libre.
Por otro lado, Pacheco recordó que más de 4000 servicios móviles con datos inconsistentes, como “nene malo”, “pero calma papi” y “Haland Bolt Advíncula “, fueron descubiertos por OSIPTEL en las listas de suscriptores de las empresas que los operan. Estos servicios están vinculados a la comisión de delitos como usurpación de identidad, fraude, extorsión e incluso falsificación.
“Quien extorsiona evidentemente lo hace de un número móvil que no tiene un titular reconocible, es decir, estas líneas contratadas en la calle sin mayor protocolo de seguridad se pueden prestar para estos graves fines ilícitos”, acotó.
En los próximos días, el pleno del Congreso de la República debatirá el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor, que prohíbe la comercialización y contratación de los servicios móviles de forma ambulatoria o en la vía pública y asigna responsabilidad administrativa a los representantes de las empresas por ello.
