La Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió un comunicado realizado por expertos en derechos humanos manifestando que el Estado peruano no ha dictado medidas para entablar un diálogo con aquellas personas que desde hace tres meses protestan en el país.
La entidad indicó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ha mostrado la capacidad de entablar un diálogo real con los líderes sociales y ciudadanos que vienen manifestando.
Asimismo, indicaron que es importante y de mucha preocupación las denuncias que se realizaron en contra de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas por presunta represión.
“Las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias de seguridad y la incapacidad del gobierno de crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación”, se lee.
En esa misma línea, manifestaron que en caso exista alguna muerte por uso excesivo de fuerza, bajo la premisa de que no se aplicaron las normas conforme a como se encuentren estipuladas, resultaría en un hecho “ilegal”, ya que según indican es una “privación arbitraria de la vida”.
Por otro lado, dejaron en claro que es fundamental saber reconocer aquellos que protestan pacíficamente y los que realizan actos de vandalismo.
“Si bien el Estado debe garantizar la rendición de cuentas por los actos de violencia denunciados y cometidos por algunos manifestantes, debe hacerse una distinción entre quienes ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica y quienes cometen actos de violencia en el contexto de las manifestaciones”.
Otro punto relevante que mencionó la ONU es que nuestro país ha perdido “credibilidad” a raíz de los conflictos que se han desarrollado durante este tiempo.
“La democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que sólo puede resolverse mediante un diálogo genuino, en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma. En cualquier sociedad democrática, la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia”.
