Los países de la Unión Europea acordaron hoy una posición común sobre una serie de documentos importantes del gran paquete legislativo “Fit for 55” para descarbonizar la Unión Europea para 2050, lo que permitirá el inicio de las negociaciones finales con el Parlamento Europeo el próximo otoño.
“Nadie se hace ilusiones de que esta transición vaya a ser fácil, pero la crisis climática y sus consecuencias son claras, por eso es inevitable “, declaró tras unas 16 horas de negociaciones la ministra para la Transición Energética de Francia, Agnès Pannier-Runacher, en nombre de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
Los jefes ambientales de los veintisiete en Luxemburgo, coincidieron en sus puntos de vista sobre las cinco piezas legislativas de los catorce que conforman la hoja de ruta principal para reducir las emisiones de dióxido de carbono para 2030 en al menos un 55% en comparación con 1990, como una forma de lograr la neutralidad climática a mitad de siglo.
Los Estados miembros han fijado su posición sobre cómo quieren reformar el mercado de comercio de dióxido de carbono, el llamado ETS, que desde 2005 ha gravado el dióxido de carbono emitido por unas 11.000 plantas industriales y el sector de la aviación y la piedra angular de la política climática comunitaria desde 2005.
Las emisiones cubiertas por este mercado deben reducirse en un 61% para 2030, según la posición protegida por los capitales, y para lograrlo, los permisos de emisión gratuitos que pueden utilizados actualmente por las industrias se eliminarán gradualmente, para ir adaptando su tecnología.
Asimismo, el acuerdo entre los países prevé introducir el transporte marítimo en el ETS, con un trato favorable para las islas con menos de 200.000 habitantes, igual para sus aeropuertos y las de regiones ultraperiféricas.
Los capitalinos también defendieron que el mecanismo establece un Fondo Social del Clima dotado de 59.000 millones de euros entre 2026 y 2032 para ayudar a los más vulnerables en la fase de transición, una cantidad significativamente reducida frente a los 72.000 millones de la propuesta original de la Comisión Europea que apoya la Eurocámara.
También acordaron replicar un mercado similar, denominado ETS 2, que gravará los edificios y el transporte por carretera a partir de 2028, un año después de lo propuesto por la Comisión Europea.
