El primer jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público habla sobre las funciones del nuevo organismo, cómo se organizó y lo que han hecho desde septiembre de 2022. Por lo que, el fiscal, Rafael Vela, afirma que el procedimiento disciplinario se inició antes de su mandato y que su responsabilidad es llegar a cabo y finalizarlo.
Según Fernández, el impacto de la crisis en instituciones como el Consejo Nacional de la Magistratura en 2018 resultaron reformas estructurales. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) cambió el CNM en diciembre de 2018. En mayo de 2019, se creó la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Asimismo, mencionó, que ganaron el concurso en mayo de 2022, y que hubo observaciones de organizaciones no gubernamentales. Finalmente, la JNJ los juramentó el 6 de septiembre.
Cabe mencionar, que esta organización luego de su juramento ha realizado cambios inmediatos en algunos lugares, comenzando por Amazonas. Reuniéndose con oficinas descentralizadas en 33 distritos fiscales.
Hoy la sede central cuenta con 11 fiscales, y a nivel nacional, 110 fiscales para seguir a 8.000 fiscales, 8.400 servidores de función fiscal. Un universo de 2.175 despachos fiscales.
“Somos un organismo propio del Ministerio Público. No somos un órgano externo. Somos un órgano con independencia y autonomía, pero pertenecemos al Ministerio Público. Mi cargo de jefe nacional tiene el mismo estatutos y rango que un fiscal supremo titular”
A nivel nacional, se han sancionado 942 fiscales, se han impuesto 562 multas y 159 han sido suspendidos. Se ha propuesto la destitución de 56 fiscales y que 6 sean apartados.
“No nos dedicamos a perseguir ni amenazar a cuatro o diez fiscales en particular. Si alguien tiene sospechas de cometer una infracción, se le inicia una investigación con todas las garantías del debido proceso y puede estar tranquilo si no tiene responsabilidad”
Para Fernández, la finalidad de esta organización, es crear un país en el que la corrupción sea mínima, generar un cambio y fomentar una cultura de integridad. Asimismo, que la población tenga seguridad en las instituciones y garantizar que se cumpla con sus deberes de manera consistente y ética.
