El documento señala que tiene como finalidad “poner al Estado al servicio de los ciudadanos garantizando sus derechos fundamentales en el marco de una economía popular de mercado”.
La propuesta es eliminar el requisito de que el Estado solo pueda crear una empresa si es autorizado por ley expresa y de forma subsidiaria.
Según Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, “es un sinsentido económico”, y señaló que la medida no debería aprobarse porque “los cambios que proponen van en contra del sentido común”.
El economista comparó el proyecto de ley con el Estado empresario que tuvo el Perú hasta 1990.
“En general había un Estado ineficiente, mucho espacio para la corrupción y un alto costo fiscal que lo terminamos pagando todos los peruanos”, manifestó.
Además, mencionó que el Estado peruano “no tiene ni siquiera la capacidad para tener una empresa petrolera estatal decente, ni tampoco para hacer compras de fertilizantes”, motivo por el que se mostró pesimista frente a la posibilidad de que se pueda administrar de forma correcta nuevas compañías públicas.
