La fujimorista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, por su parte, tuvo que ceder ante los reclamos de las bancadas oficialistas, ordenando a sus asesores a que elaboren un nuevo texto sustitutorio que sea del agrado de las demás fuerzas políticas. La dirección de Alva en la sesión y las maniobras de Juárez con el proyecto provocaron que no haya consenso.
A las 11 de la mañana el debate comenzó con la sustentación de Juárez, quien alegó que su dictamen fue producto de un largo debate en su comisión y en sesiones descentralizadas. Lo cierto es que las únicas audiencias en regiones fueron tres, una de ellas en Tacna, una semana posterior a que el proyecto se aprobara en la Comisión de Constitución. Es decir, que fue una audiencia no vinculante.
A eso se suma que el argumento de Juárez, para justificar las 53 reformas constitucionales de su dictamen, fue que el retorno a la bicameralidad implica otros cambios a la carta magna. Alva la secundaba diciendo, desde la Mesa, que se trata de un “paquete”.
De hecho, el proyecto de Juárez pretende que haya un Parlamento bicameral con 130 diputados y 60 senadores, quienes podrán reelegirse de manera sucesiva. Sin embargo, lo que no quedaba claro era por qué se incluía otros cambios.
Como, por ejemplo, que se amplíe a tres (actualmente son dos) las cuestiones de confianza denegadas para habilitar al presidente a disolver el Congreso.
Buscaban golpear a organismos electorales
Además –el punto más controversial- que los titulares de los organismos electorales –el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Reniec– sean incluidos en el universo de funcionarios que pueden ser denunciados constitucionalmente. Asimismo, tampoco quedaba claro por qué también sumaban a ese grupo al presidente del Banco Central de Reserva (BCRP) y a la Superintendenta de Banca y Seguros (SBS).
