El fiscal Helder Terán solicitó al juez supremo Juan Carlos Chakley archivar los procesos penales iniciados en 2019 contra Enma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y otros dos jueves superiores sindicados de cobrar presuntas coimas a cambio de liberar a investigados por tráfico ilícito de drogas entre 2014 y 2016.
Terán menciona en su petitorio que no hay evidencias para afirmar que el abogado Walter Mendoza Pérez fue enviado al penal Ancón l por los magistrados del Colegiado E de la Sala Penal para exigir entre US$100 mil y US$150 mil a los detenidos.
Entre uno de los testimonios que sostiene el caso de Hilario Rosales Sánchez, quien señaló que conocía de los supuestos arreglos de los entonces detenidos Carlos Gómez Herrera y Edison Ruiz Martínez con la sala de Benavides para ser liberados.
Rosales refirió que Mendoza le puso como ejemplo las excarcelaciones de ambos colombianos, para garantizarle que a cambio del dinero podría conseguir su libertad también.
No obstante, el fiscal Terán señaló que el fallo de la sala que liberó a Ruiz y Gómez Herrera “no constituye un dato objetivo suficiente” para confirmar que se cobraron coimas.
Asimismo, consignó que no se registraron llamadas telefónicas entre los jueces y el abogado Mendoza que sirvan como prueba de la cercanía o coordinación que habrían tenido.
“No se advierte indicio alguno que evidencie la presunta entrega de donativos económicos a favor de los aludidos jueces superiores (…) por consiguiente, no existe indicio alguno que permita inferir razonablemente que, en efecto, Benavides Vargas habría perpetrado el hecho ilícito que se le atribuye”, se lee en el documento de 222 páginas.
En esa misma disposición fiscal, además, se presenta la acusación contra Walter Mendoza, Edison Ruiz y Carlos Gómez por tráfico de influencias simulado.
La medida también se extiende a la abogada Ana Luisa Vásquez, quien habría ofrecido libertad al preso José López Quispe bajo la misma modalidad.
