Jo-Marie Burt, profesora en la Universidad de George Mason y asesora principal en WOLA, afirmó que la Comisión de Alto Nivel refleja la intención de ciertos sectores del Congreso de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no les beneficia contar con una entidad que podría pronunciarse sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
La docente consideró que el intento de desvincularse del Pacto de San José es “muy grave”, ya que los Estados crearon el sistema para comprometerse a respetar los derechos humanos. Además, calificó de “absurdo” el plazo de 180 días para implementar reformas en la OEA, ya que esto demanda un proceso de consulta entre todos los Estados que lleva tiempo.
Del mismo modo, comentó que Perú carece de legitimidad debido a la impunidad en las muertes durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, los intentos de desmantelar la democracia y el indulto ilegal de Alberto Fujimori.
Es inapropiado
Según Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), la verdadera intención es retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y afirmar que se brindarán directrices para la reforma es engañoso.
Rivera comentó que si el Estado peruano propone una reforma, “eso depende de un acuerdo político en la Asamblea General de la OEA. Además, en asuntos de política internacional, Perú no tiene influencia significativa, a diferencia de Brasil o México”.
Además, advirtió que “quieren dar la impresión de que el Congreso puede reformar el SIDH, lo cual es un voluntarismo de la extrema derecha sin ningún respaldo, intentando llevar su agenda interna al ámbito internacional, lo cual es un despropósito”.
Injerencia en las funciones correspondientes
María Antonieta Gonzales, constitucionalista y profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), expresó que las reformas propuestas deben llevarse a cabo en la OEA y que la iniciativa del Legislativo representa una intromisión en las funciones del Ejecutivo.
“El derecho internacional opera mediante el compromiso de los estados, y Perú se ha comprometido a cumplir con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que forma parte de la OEA”, destacó.
En adición, señaló que “el mensaje destacado es que esta comisión busca principalmente el retiro de la corte. Y eso sería un problema grave para el Perú a nivel internacional y de derechos humanos. Especialmente cuando quienes decidirían las propuestas de reforma para la OEA enfrentan serios problemas de legitimidad ante la ciudadanía”.
