“En la tarde del 8 de noviembre, un equipo del Fondo retomó las discusiones de consulta en el marco del Artículo IV con una delegación de autoridades de El Salvador. Aunque las reuniones darán inicio en (Washington) DC, el resto de las discusiones continuarán de forma virtual durante el resto del mes”, indicó un vocero del FMI mediante un correo electrónico.
Luego de eso, el acuerdo tiene que aguardar la aprobación de la junta de directores, siendo la palabra de Estados Unidos la más influyente.
“El proceso se completará después de las discusiones de la junta directiva, lo que ocurrirá unos dos meses después del final de la misión. El FMI comunicará (su decisión) al final de la misión y completada la consulta”, aseguró el vocero del Fondo.
El Fondo ha establecido las condiciones a El Salvador: un ajuste fiscal equivalente al 4% del PIB en 3 años, que según el economista Rafael Lemus del INCAE, implicaría recortar gastos en 2.6% del Producto Interno Bruto y aumentar ingresos en 1.4% del PIB. Lo primero significa reducir en US$715 millones el gasto público y lo segundo subir en US$315 millones la recaudación.
Para Lemus, considera que no es algo “imposible” pero “si requiere de un compromiso con la responsabilidad fiscal que el gobierno hasta la fecha no da señales de compartir”.
El nuevo calendario proyectado por el FMI, las consultas en el Artículo IV, nombradas por el inciso del acuerdo marco del Fondo con países miembros en virtud del cual estos obligan a rendir cuentas acerca de sus planes económicos y financieros, pueden incrementarse hasta enero del 2022.
Luego, de acuerdo con un funcionario estadounidense familiarizado con las discusiones en el FMI, la junta directiva podría afinar una decisión en el marco de las reuniones anuales de primavera, entre marzo y abril.
Para Barclay’s proyecta que el déficit fiscal que tiene el país, que equivale al 8.19% del PBI en 2022 y la deuda aumentaría hasta el 91% del PBI en 2022.
El gobierno de El Salvador, ha tenido que dar explicaciones en Washington porque han considerado un presupuesto “demasiado expansivo”, poniendo el FMI objeciones por ello.
En ese presupuesto 2022 hay una brecha financiera de US$498 millones, que se suman a cerca de US$2 mil millones en nueva deuda que la Asamblea Legislativa, dominada por una mayoría afín a Bukele desde mayo pasado, ha aprobado en 2021.
Para cumplir con las obligaciones financieras contraídas y evitar un escenario de impago que el gobierno de El Salvador necesita del dinero del FMI con más urgencia de lo que ha admitido en público
El dificultoso asunto de las cuentas Covid-19 y la tensión con Washington.
EL plan de gastos era una de los tres temas por las que el Fondo y otros actores pidieron explicación a los de Bukele.
Otro asunto complicado para los salvadoreños, es la entrega de cuentas sobre US$389 millones entregados en 2020 por el FMI atendiendo la emergencia de COVID-19, por los que pidió permiso por lo menos tres veces el gobierno de Bukeles, y hasta ahora no hay respuesta.
El ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, y uno de los principales negociadores con las multilaterales en Washington, fue señalado de potenciales actos de corrupción relacionados con la compra y venta de suministros médicos a lo largo de la pandemia por COVID-19.
En tercer lugar, visita la comitiva salvadoreña a la capital de Estados Unidos, es el daño democrático del país.
A pesar de las explicaciones por parte de El Salvador a las multilaterales, el tema político e institucional ha disparado una acida disputa del gobierno de Bukele con el de Joe Biden en Estados Unidos.
El julio pasado, el Departamento de Estado ha publicado una lista de 14 salvadoreños que han destacado en la corrupción o crimen organizado, de ellos hay 4 funcionarios cercanos a Bukele; luego de que Washington incluyera en la lista a los magistrados de la Corte Suprema contribuido por el oficialismo.
Sus funcionarios y voceros salvadoreños han acusado a Estados Unidos de injerencia extranjera, acosando a Norma Torres, congresista demócrata de origen guatemalteco critica del régimen salvadoreño, metiéndose los pleitos públicos con Juan Gonzáles, principal asesor de Biden en Latinoamérica.
Nunca es una buena idea política estar en malos términos con Washington sobre todo cuando hay negociaciones próximas con el FMI, el Departamento del Tesoro es la institución que más influye en la junta directiva del FMI, el año que viene se tomará la decisión final sobre el caso de El Salvador.
“Esos son los consensos en las multilaterales en Washington, y es por lo que puja Estados Unidos, que es el votante principal”, dijo uno de los funcionarios consultados, y quien habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público. “Quien se aleja de eso se aleja de los acuerdos”, añadió.
Las discusiones actuales de El Salvador con el FMI, para el economista Rafael Lemus, deben entenderse desde “dos áreas de complejidad”: lo propio del programa de ajuste macroeconómico y lo relativo al bueno gobierno, que implica transparencia, combate a la corrupción y respeto al estado de derecho.
“El impase del acuerdo radica en que el presidente Bukele no es prodisciplina y prudencia fiscal, así como tampoco de una gestión de buen gobierno. Su gestión tiene el sello totalmente contrario: populismo fiscal, que es expansión de gasto con deuda y sin freno, así como destrucción de las instituciones democráticas”, indica Lemus.
Si el acuerdo no próspera, la puesta en escena financiera para los salvadoreños no se vería nada bien, Lemus tres posibles: una decisión gubernamental para echar mano de los fondos de pensiones, el impago o la desdolarización mediante de la introducción real de una moneda digital salvadoreña.
Lemus considera que el impago, no sería un escenario lejano “Es una ruta en la que han avanzado desde que han tomado deuda como si no hubiera mañana para financiar principalmente gastos corrientes y, en menor proporción, inversión pública”, el camino opuesto que exige al FMI.
Fuente: Infobae
(X.K.B.O)
