Tras el concurso público del Congreso para la selección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), la Fundación para el Debido Proceso (DPFL en inglés), ubicada en Washington, denunció una serie de irregularidades y deficiencias durante la etapa de entrevistas de los candidatos a dicho puesto.
La organización señaló que, durante el proceso, no se contó un con una guía o parámetros para un correcto desarrollo de las entrevistas. Este hecho se habría dado a pesar de haberse enviado una serie de propuestas planteadas por el equipo y que, finalmente, fueron rechazadas por los congresistas.
“Pese a la importancia de esta evaluación y a su peso relativo determinante, la etapa de entrevistas no tuvo reglas específicas que establezcan parámetros para su desarrollo equitativo ni tampoco los criterios objetivos que se utilizarían para calificarlas”, indicó la entidad.
Ante dicha situación, señalaron que la falta de una guía derivó, inevitablemente, en la ausencia de la planificación de las entrevistas, lo cual impactó severamente en la calidad de estas y, como consecuencia, también afectó a las preguntas, las cuales fueron mal plateadas para los candidatos a magistrados.
La DPLF también realizó una observación sobre el enfoque de género durante las entrevistas debido a que, una de ellas, fue más corta en el caso de una candidata y a ello se le sumó que, solo a las mujeres, se les realizó preguntas relacionadas a sus conocimientos de idiomas.
El panel de juristas internacionales, el cual acompaña el proceso desde el aspecto civil, mostró su preocupación debido a que se ha hecho público que solo existen seis postulantes finalistas para los 6 puestos de magistrados. “Las alternativas de candidatos aptos no deben ser reducidas de manera injustificada, sino que deben surgir de un conjunto considerable de candidaturas”, señalaron.
Según se ha informado, los candidatos finalistas son Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ochoa Cárdich.
