La libertad de prensa, principio legitimador de los medios de comunicación en las democracias, se ha acabado confundiendo con la libertad de propiedad. El ideal que la mayor aproximación a la verdad surgirá de la exposición competitiva de puntos de vista alternativos desvanece con la persistencia del control y la concentración de los medios, que siguen siendo las grandes barreras para el ejercicio de la libertad de expresión. Cambiar este escenario requiere nuevos conceptos e instrumentos, y los derechos a la comunicación son una propuesta en este sentido.
No hay duda de la relevancia alarmante que han tomado la concentración de la propiedad de los medios de comunicación de masas y su control por parte del poder económico y la clase gobernante a escala global y local. Llegar a esta situación, que se repite con matices particulares en las democracias actuales, después de más de cinco siglos de lucha contra la censura y de apología de la libre expresión hace tambalear las bases que justifican las políticas actuales en materia de medios de comunicación.
En efecto, el hecho de que los Estados sigan sin garantizar los derechos de sus miembros en el ámbito de la comunicación social nos remite a dos cuestiones fundamentales: las lógicas que guían la elaboración de las políticas de comunicación y los conceptos y modelos que siguen. Las lógicas de ambos aspectos se pueden calificar de anacrónicas si tenemos en consideración que el Estado democrático no es un estatus sino un proceso hacia el logro de las libertades y la igualdad. Por lo tanto, los mecanismos y convenciones que deben guiar este proceso deben adaptarse a la evolución de la sociedad.
¿Cuál es la realidad de la libertad de prensa hoy en Latinoamérica? Para intentar entender ello hagamos un breve repaso por algunos sucesos recientes: detenciones de periodistas en Nicaragua; represión, censura y límites al derecho a manifestarse en los regímenes de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel; asesinatos de periodistas -26 en el último año, la mayoría de ellos en México, donde rige un sistema de protección de reporteros absolutamente deficiente- corrupción, crimen organizado y delincuencia limitando cotidianamente la labor periodística; impunidad, estigmatización, noticias falsas y asfixia económica a medios de comunicación opositores, y restricciones al acceso a la información pública.
En Venezuela la situación no es alentadora. En la última semana, diferentes organizaciones han alertado sobre la censura informativa impuesta por el régimen de Nicolás Maduro al restringir servicios de Internet, medios digitales, radio y televisión, en reacción a las movilizaciones de protesta contra su Gobierno convocadas por el presidente encargado del país, Juan Guaidó, y el dirigente opositor, Leopoldo López.
Según el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPyS Venezuela) el 30 de abril se registraron 19 casos de violaciones a la libertad de expresión y a los derechos digitales en el país. Los usuarios de Cantv, Movistar y Digitel tuvieron dificultades para acceder a Twitter, Instagram, Facebook, Periscope, YouTube y Google. Además, hubo 11 detenciones, robos y agresiones contra periodistas provenientes de grupos armados y cuerpos de seguridad del Estado. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) censuró la señal de los canales CNN Internacional y BBC Mundo. Tanto CNN en Español como NTN24 de Colombia permanecen censurados. La misma situación vive Infobae desde el 10 de octubre de 2014.
Por último, México continúa destacándose en todos las listas internacionales por los altos índices de violencia y por cómo los mismos afectan a la libertad de prensa. La manifestación más brutal de este problema, marcado por la influencia y el poder que sectores del narcotráfico maneja en el país, se manifiesta en los números de asesinatos a periodistas. Sólo en el último año, desde mayo de 2018, nada menos que 16 periodistas o reporteros fueron asesinados en México.
A esto se sumó la reducción abrupta del presupuesto en publicidad oficial del gobierno de Manuel López Obrador, sumada a que el 1° de enero entró en vigor la Ley General de Comunicación Social (LGCS), votada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que permite la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos. Esta ley fue criticada en su momento porque no contiene controles suficientes en materia de comunicación social, situación que fomenta el uso proselitista del dinero público. Dicha ley no se ha derogado. Debido a este cuadro, las organizaciones reclaman una mejora en el actual -y deficientes- mecanismos de protección. De las 790 personas bajo este mecanismo, 292 (un 37 %) son periodistas. Sin embargo, incluso el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas admitió las fallas en el mecanismo creado en 2012 y afirmó que deberá revisarse.
En nuestro país lamentablemente asistimos en los últimos años a la judicialización del trabajo periodístico, es decir, que mediante acciones legales se intenta frenar a periodistas que desde sus medios de comunicación se dedican a la investigación o denunciar actos de corrupción y abuso de poder. En ese sentido la Gloriosa Federación de Periodistas del Perú fiel a su rol histórico como garante y defensor de la libertad de prensa siempre levantó su voz de protesta frente a flagrantes atropellos contra hombres y mujeres de prensa por el solo hecho de informar con la verdad.
Finalmente, mientras no se garantice por parte de los estados y los grupos de poder económico y político un irrestricto respeto por la libertad de prensa, el 3 de abril no podrá ser un día para celebrar.
José Briceño Abanto
