La Defensoría del Pueblo, en su condición de Mecanismo Independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), advierte que las instituciones educativas públicas y privadas tienen la obligación de reservar dos vacantes por aula, como mínimo, para estudiantes con discapacidad leve y moderada en las escuelas regulares.
Al respecto, Malena Pineda, jefa del MICDPD precisó que la Ley General de la Persona con Discapacidad dispone que “ninguna institución educativa pública o privada puede negar o restringir el acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad”.
Apuntó que, en estos casos, Indecopi tiene la obligación de supervisar que los colegios privados no hagan cobros adicionales asociados a la condición de discapacidad u otra.
Barreras discriminatorias
De igual forma, las instituciones educativas están en la obligación de desarrollar las estrategias necesarias para desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad e idóneo para las/os estudiantes con discapacidad en la educación básica regular pública y privada.
Llamado al Minedu
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al Ministerio de Educación (Minedu) y a las direcciones regionales de educación para garantizar que las y los estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas (por déficit de atención, hiperactividad, dislexia, discalculia y otros) tengan acceso a una educación inclusiva de calidad, gratuita y en igualdad de condiciones.
Finalmente, se recuerda que, en diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe Defensorial N.º 183 luego de supervisar 779 instituciones educativas en todo el país mostrando cifras alarmantes: el 88.04 % de la población con discapacidad en edad escolar no accedió al sistema educativo y solo el 0.7 % de los colegios son accesibles, brechas que no han disminuido durante la pandemia por Covid-19.
