En un informe presentado el pasado 26 de octubre, la Contraloría General de la República planteó denunciar penalmente a Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta de la República Dina Boluarte, por contratos que ascienden a nueve mil soles con la Municipalidad de Pueblo Libre, a pesar de que la ley estipula que tiene prohibido hacerlo.
La institución fiscalizadora recoge que el familiar de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) declaró, ante el municipio, que no estaba privado de contratar allí. La entidad precisó que, Nicanor presentó una declaración jurada en la cual aseguró que no contaba con ningún impedimento para laborar en la comuna, pese a que “se encontraba impedido por ser hermano de la primera vicepresidenta de la República”.
Dina Boluarte permanece en su cargo desde el 28 de julio del 2021, por este motivo, la Contraloría considera que se “afectó la imparcialidad, transparencia y legalidad en el correcto funcionamiento de la administración pública”.
Nicanor Boluarte fue contratado como asesor I del despacho de la alcaldía de la Municipalidad de Pueblo Libre y se contó con sus servicios bajo la modalidad del régimen de contratación administrativa de servicios (CAS). Se determinó que, “incurrió en falsa declaración presentada en un proceso” en medio de las aparentes irregularidades en el acuerdo contractual.
Por parte de la Contraloría, el procurador especializado en delitos de corrupción recibió la recomendación de empezar con las diligencias correspondientes contra Nicanor Boluarte y otros funcionarios de dicha municipalidad. Conforme a las fuentes de El Comercio, las autoridades ya fueron notificadas del caso y permanecen evaluando la situación para tomar las acciones correspondientes.
En consonancia con el informe de la Contraloría General de la República, el hermano de Boluarte cobró en los meses de agosto y septiembre del 2021 sumas de S/8 370 y S/9 300, respectivamente.
Para la institución, esta situación infringió la Ley de Contrataciones del Estado (30225) que regula, en el artículo 1, los impedimentos para que los familiares de los vicepresidentes de la República y los ministros de Estado, contraten con entidades públicas. La norma precisa que no se pueden hacer contrataciones durante el ejercicio del cargo de sus familiares hasta doce meses después de la conclusión de estas funciones.
Boluarte Zegarra indicó que sus contrataciones se realizaron porque fue invitado, por el entonces alcalde del municipio de Pueblo Libre para formar parte de un grupo de asesores de confianza en julio del 2021, por esta razón, presentó su legajo personal en la Municipalidad.
Además, calificó como “absolutamente subjetivas y arbitrarias” las conclusiones de la entidad, en diálogo con el medio periodístico y consideró perfectamente “legal” su contratación. “Pasé por la evaluación de las instancias respectivas de la municipalidad (de Pueblo Libre)”, afirmó.
Por otro lado, la comuna de Pueblo Libre señaló que por tratarse de un contrato bajo servicios CAS, regulado por el Decreto Legislativo 1057, no ocurrió algún impedimento legal en el marco del no sometimiento a la Ley de Contrataciones del Estado.
