Este jueves 24 de agosto se conocería el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que de concordar con el Poder Ejecutivo y declarar inconstitucional la Ley 31288, ya no se podría aplicar firmes sanciones para los casos descubiertos de corrupción e inconducta funcional de las entidades públicas.
Por este motivo, La Contraloría invoca al Tribunal Constitucional a rechazar la demandada de inconstitucional. Nelson Shack, contralor general de la República, mencionó mediante un comunicado el pasado 22 de agosto, que se aprobarse la demanda sería un lamentable retroceso. “El esfuerzo de varias instituciones y la sociedad en su conjunto por enfrentar decididamente a la corrupción, porque mandaría al archivo todas las responsabilidades identificadas por la Contraloría General desde la vigencia de la ley”, añadió.
El comunicado impuesto por la contraloría también señala que dicha demanda estaría favoreciendo a los malos funcionarios y servidores públicos. “Socavando la legitimidad del Estado, generando un mayor daño social, económico y desconfianza en la ciudadanía”, señalan en el comunicado”, mencionan.
Con relación a la Ley 31288, la Contraloría ratificó que cumple con los estándares de constitucionalidad y contribuye a la lucha contra la corrupción, impunidad y le permite al Estado sancionar a los malos elementos que causen daño a la Perú.
Comunicado de la Contraloría vía Twitter oficial. (Foto: La Contraloría del Perú)
¿Quiénes se beneficiarían?
Si se declarase inconstitucional la Ley, favorecería a los investigados por casos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo, como la compañía Marka Group, el proceso de licitación del Puente Tarata, la compra irregular de biodiésel de PetroPerú, entre otros.
