Congresistas de distintas bancadas coinciden en que los violentos ataques a las propiedades públicas y privadas, como los registrados en dos meses de desmesuradas protestas, podrían ser incluidos en la ley antiterrorismo para ser castigadas con la severidad que merecen.
El Decreto Ley N° 25475 estipula penas de hasta 25 años de cárcel para quien crea ambiente de zozobra, alarma o temor en la población, realice actos contra la vida y la salud, y atente contra infraestructura que provea de servicios básicos. Es decir, todo lo provocado por los vándalos, entre diciembre del 2022 y enero del 2023, al tomar aeropuertos, quemar comisarías y sedes judiciales.
Sin embargo, bajo esta legislación, solo se puede procesar por terrorismo si la persona pertenece a una organización terrorista.
En esa línea, los legisladores Alejandro Muñante (Renovación Popular), Alejandro Cavero (Avanza País), Alfredo Azurín (Somos Perú) y Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) consideraron que es viable actualizar el decreto aunque indicaron que se debe hacer un escrupuloso trabajo legal para tipificar el delito.
Para Muñante, se podría estipular el ataque a infraestructura pública y privada como acto terrorista siempre y cuando tenga un fin político.
“Si se atenta contra infraestructura para imponer un nuevo régimen político, cuando haya una finalidad política de derrocar el régimen para colocar a otro, estamos hablando de terrorismo, bajo estos parámetros sí se pueden hacer modificaciones”, indicó en diálogo con este diario.
Incluso refirió que otro camino podría ser derogar la ley vigente y diseñar una nueva norma que esté acorde a la realidad presente.
Cavero, en tanto, sostuvo que los daños a instalaciones de instituciones públicas para forzar al Estado a tomar decisiones de “índole político e ideológico” sí puede ser considerado como accionar terrorista.
“Evidentemente, las formas y las maneras del terrorismo moderno han cambiado, no necesariamente un terrorista debe pertenecer a un grupo y en ese sentido la ley necesita una actualización; dañar bienes públicos y privados genera terror”, alegó.
Adelantó, asimismo, que conversará con su colega de bancada y presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, para que este tema pueda ser discutido en ese grupo de trabajo.
A su turno, Salhuana dijo que “es razonable” evaluar una reforma de la legislación para “identificar conductas concretas” que se ajusten al terrorismo.
“Hay que ubicar las cosas en su real dimensión, no se trata de criminalizar todas las conductas sino individualizar e identificar actos y conductas concretas que pongan en riesgo la continuidad del Estado y los servicios básicos”, expresó.
Finalmente, Azurín comentó que también consultará con sus asesores una propuesta para tipificar estos ataques como delito de terrorismo.
“Toda persona que destruye la propiedad pública y privada, amenaza con matar policías, es terrorista; tenemos que hacer que la gente respete las leyes, porque ahora las desconocen como lo hacían en los 80s y yo no quiero que mi país viva esa época nuevamente”, apuntó.
Cada parlamentario adelantó que consultará con su respectiva bancada para formular un proyecto de ley que rediseñe el decreto antiterrorismo.
Tenga en cuenta
-En América Latina, en la última década, solo México ha hecho un cambio sustantivo en su legislación para condenar los ataques a sedes de entidades del Estado como actos terroristas.
-Desde 2014, la ley mexicana considera terrorismo los ataques con diferentes armas o materiales contra instalaciones públicas.
