El Colegio de Periodistas del Perú (CPP), denunció ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la juez Emilia Rocío Mancilla Contreras, titular del 25 Juzgado de Trabajo Transitorio, por presunta parcialidad en un proceso judicial que data de hace más de 30 años, entablado por la Sucesión Navarro, por supuesta deuda de beneficios sociales, que en el tiempo se fue acumulando con intereses leoninos, de ocho mil a más de 600 mil soles.
De este modo, el monto que hoy reclama el demandante, ha puesto en peligro de remate judicial al histórico local institucional del periodismo peruano, ubicado en la Av. Canevaro 1474, Lince, desde donde se han librado grandes batallas por la libertad de prensa y la democracia.
La JNJ ha admitido la queja presentada por el CPP contra dicha magistrada, quien ha evidenciado parcialidad a favor del demandante, representados por influyentes abogados entre ellos Indira Navarro Palacios asociada al Estudio Torres y Torres Lara, y su hermano Moisés Alberto Navarro Palacios, profesional independiente quienes han conseguido que la juez Mancilla Contreras, agilice la documentación legal para que se concrete el remate, pero relegando indebidamente los escritos legales presentados por el CPP, y en los que exigimos la entrega de copias de todo lo actuado y las sentencias que obran en autos para formular la anulación y prescripción de la deuda por el tiempo transcurrido.
El caso judicial tiene como origen cuando el CPP convoca al abogado Moisés Navarro Vásquez para que se encargue de la cobranza de deudas morosas que tenían con el colegio algunos medios periodísticos, por el pago del uno por ciento de las ventas de publicidad, según la ley Nº 23221, recurso económico que fue posteriormente derogado por el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori, a través de la Ley 26092.
Sin embargo, Navarro nunca fue incorporado como trabajador regular del colegio, no existe ningún documento legal que así lo acredite. Solo se le pagaba comisiones por las cobranzas que realizaba, pero al fallecer, sus hijos que hoy son también abogados, enjuiciaron al colegio exigiendo indebidamente derechos de su padre como un trabajador estable. Al no haber respondido esta demanda las sucesivas directivas del CPP, es que se ha llegado a esta crítica situación.
Al iniciar su gestión, el actual Consejo Directivo Nacional, encabezado por su decano nacional, Ricardo Burgos Rojas en enero del año pasado, se encontró con este proceso y otros contenciosos, entre ellos otra deuda por casi medio millón de soles por tributos municipales, también acumulados por años.
Con recursos propios, algunas donaciones voluntarias de las bases regionales, colegas honorarios, el apoyo del asesor legal, el doctor Daniel Bolaños el CPP ha logrado reducir en más del 50 por ciento la deuda con el Municipio de Lince, pero ahora la mayor preocupación de la dirigencia es enfrentar las acciones legales para evitar el remate de su histórico local, de cuatro pisos, cuyo valor económico se estima en aproximadamente un millón 200 mil dólares.
