El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en el Perú a raíz de las protestas sociales para exigir la salida de la presidenta de la República, Dina Boluarte, destaca un marco normativo sobre el sistema constitucional y obligaciones internacionales.
Por otro lado, menciona los antecedentes y el contexto donde detallan que la sucesión constitucional de Dina Boluarte por Pedro Castillo “generó una gran indignación, especialmente en las regiones del sur en donde las manifestaciones, hechos de violencia y enfrentamientos con la fuerza pública han tenido mayor intensidad”.
“Es precisamente en esas regiones donde el expresidente Castillo, que ganó las elecciones generales por un estrecho margen a nivel nacional, obtuvo una mayoría significativa. Por ejemplo, en Puno, ganó con un margen del 89% de sufragios a favor”, se acota.
Asimismo, indican la presentación de un proyecto de reforma constitucional en el Congreso para acortar por única vez el mandato del presidente del JNE y del jefe de la ONPE.
Ante ellos, exhortan al Legislativo a procurar un balance de poder por medio de la adopción de criterios objetivos y transparentes para rodear de garantías legítimas y credibilidad al Sistema Electoral y al Poder Judicial.
“Se destaca que, durante las reuniones sostenidas con familiares de las víctimas fatales, varias personas manifestaron que sus parientes fueron estigmatizados y tratados como terroristas”, acotan.
Luego, hablan sobre los sucesos ocurridos en Puno y señalan la importancia del derecho a la salud en el marco de las protestas, debido a que muchos manifestantes “habrían recibido una atención médica insuficiente debido al colapso de los centros médicos”.
“El Estado comunicó que la Comisión Multisectorial ha logrado identificar a las personas beneficiarias del apoyo económico dispuesto. En tal sentido, se ha previsto el otorgamiento, de manera excepcional y por única vez, de S/ 50.000,00 soles por cada persona fallecida y S/25 000,00 por cada persona herida de gravedad en las referidas movilizaciones”, se precisa.
Sin embargo, se aclara que el apoyo económico no tiene una naturaleza reparatoria ni indemnizatoria. Además, se indica que el Estado realizó la activación de un servicio de asistencia jurídica y orientación legal por parte de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para las “personas detenidas y de víctimas, tanto en Lima como en regiones”.
Según la CIDH, el Perú cuenta con un marco normativo que protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza y la participación del Ejército en labores de seguridad ciudadana.
“La CIDH reconoce que, durante el marco temporal analizado, se registraron situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta y que no eximen la responsabilidad del Estado respecto a las violaciones de derechos humanos”, alegan.
En esa línea, indican que la respuesta de las fuerzas estatales “no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza”, además de estar caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza.
“Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”, acotaron.
