La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Héctor Ventura, acordó solicitar al pleno la ampliación por 30 días para investigar los presuntos actos de corrupción en la ejecución de los proyectos financiados por las municipalidades de Anguía y Chadín.
La investigación incluye los proyectos financiados por el Ministerio de Vivienda, lo cuales estaban amparados en el Decreto de Urgencia N.° 102-2022, en el marco de una supuesta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno y liderada por el expresidente, Pedro Castillo.
Ventura sustentó el pedido y argumentó que las frecuentes reprogramaciones tanto de testigos como investigados han generado un retraso considerable en la labor de investigación.
“Tenemos aún pendiente recabar los testimonios de por lo menos 11 personas entre testigos o investigados, por eso es necesario ampliar el plazo por 30 días hábiles más (…). El plazo adicional solicitado coadyuvará a determinar la responsabilidad política y jurídica de los investigados, permitiendo una vez más concluir con las investigaciones”, aseguró.
Declaraciones pendientes
Por otro lado, el presidente de la comisión precisó que para este caso se han realizado 14 sesiones entre ordinarias y extraordinarias. Además, de la toma de 33 declaraciones testimoniales a ocho investigados, pero señaló que aún queda pendiente recoger los descargos del expresidente Pedro Castillo y los exalcaldes de Chachapoyas y Chadín, Víctor Raúl Culqui Puerta y César Castillo Cabrera, respectivamente.
De igual forma, quedan pendientes las declaraciones de los empresarios Abel Cabrera Fernández, José Cabrera Fernández, Anggi Espino Lucana, Anani Hernán Aguilar Loconi. Asimismo, deberán presentarse ante este grupo de trabajo parlamentario Walter Paredes Navarro, David Alfonso Paredes Navarro y Yenifer Paredes Navarro, todos hermanos de la exprimera dama, Lilia Paredes.
