La vulneración del derecho a la libertad de prensa y expresión es moneda corriente estos días en una Santa Cruz en conflicto.
Según datos de medios de comunicación de la capital oriental, son al menos cuatro periodistas los que recibieron los ataques más duros, desde disparos a quemarropa hasta la quema de un vehículo.
Antes de que finalizara 2022, la violencia contra los periodistas ya había motivado un mensaje urgente del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el colombiano Pedro Vaca.
“Estoy recibiendo reportes de agresiones severas a la prensa en Bolivia que se atribuye al despliegue policial. Hago un llamado a las autoridades para dar instrucciones públicas a sus agentes sobre el deber de garantizar las libertades de prensa, reunión pacífica y asociación”, escribió Vaca en su cuenta de Twitter.
Es cierto que, como han dicho autoridades, los agresores no solo provienen del aparato público. En ocasiones anteriores, hemos lamentado violencia de parte de activistas de bandos políticos opuestos que, paradójicamente, se parecen en su intento de acallar a los medios de comunicación cuando estos emiten mensajes que no son de su agrado.
Sin embargo, es más reprochable que las agresiones lleguen de miembros del aparato estatal llamado a garantizar los derechos de todos los ciudadanos sin excepción, sobre todo en contextos de crisis.
En las últimas horas, mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno exhortaba “a los medios de prensa a desarrollar su trabajo apegados a los mínimos criterios de veracidad del periodismo. Existen códigos deontológicos en el ejercicio del periodismo responsable que deben ser respetados mínimamente”, recordaba.
Así como se recuerda a la prensa sus códigos, cabe que gobernantes tengan presentes las normas bolivianas.
El Artículo 106 de la Constitución Política del Estado determina que el Estado debe garantizar el derecho a la comunicación y el derecho a la información.
¿Las autoridades están en posibilidades de dar cumplimiento a la Carta Magna? ¿Lo hará la justicia? Ayer, periodistas bolivianos presentaron una Acción de Libertad contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y contra el comandante de la Policía de Santa Cruz, Jhonny Omar Chávez, con el objetivo de frenar las agresiones que sufren trabajadores de la prensa.
¿Qué respuesta habrá?
Editorial de Correo del Sur
