Este jueves se conoció que la Fiscalía de Estados Unidos solicitó al magistrado Thomas S. Hixson un aplazamiento de la audiencia contra el exmandatario para que se evalúe su pedido de ser asistido por un defensor público durante su proceso de extradición al territorio peruano.
De acuerdo con la información obtenida por la agencia EFE, este pedido se sustenta en la evaluación que se debe hacer al patrimonio del ex jefe de Estado con el objetivo de conocer si realmente no tiene los recursos suficientes para pagar los honorarios de un abogado privado. Por su parte el propio mandatario se muestra a favor de esta medida.
En tal sentido, el Ministerio Público de dicho país solicitó a Hixson que las diligencias contra Toledo se lleven a cabo el próximo 7 de agosto. La aprobación o rechazo de la propuesta deberá de ser emitida en las próximas horas por el juez.
Cabe precisar que la semana pasada, Hixson ordenó la continuidad de la detención de Toledo luego que el FBI (policía federal de Estados Unidos) encontrara USD 40 000 en efectivo al interior de una maleta en la vivienda que el exmandatario compartía con su esposa Eliane Karp el día que fue arrestado por las autoridades. Concluyendo que en el supuesto que Toledo siguiera en libertad, habría posibilidad de que huya del país.
Ante esto hay que recordar que al exmandatario se le acusa de haber recibido millonarios sobornos por parte de la firma brasilera Odebrecht a cambio de otorgar licencia de construcción de la carretera Interoceánica Sur cuando ejercía funciones como presidente de la República.
En tanto, el Poder Judicial mantiene vigente una orden de prisión preventiva contra el expresidente, quien desde el año 2017 no pisa suelo nacional, negando toda posibilidad de responder a la justicia peruana.
M.N.
