Las victimas que sufrieron las esterilizaciones forzadas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, están exigiendo junto con sus abogados que se tenga una decisión justa frente a la denuncia que hizo la Fiscalía en contra de Fujimori Fujimori y exministros.
La abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), manifestó que el juez que estuvo a cargo del caso acaba de entrar en una investigación preparatoria por crimen organizado y cohecho, pues se sospecha que había recibido dinero para poder liberar a presos por narcotráficos.
“Estamos en la encrucijada o estamos en manos de un juez corrupto o de un nuevo juez que volvería todo a fojas cero y que ninguno de los dos garantiza independencia, autonomía, debida diligencia, no revictimización. Pero desde Demus queremos que Martínez termine de leer hoy mismo su resolución a la hora que sea”, sostuvo.
Finalmente, se estima que más de 270 000 mujeres peruanas en condición de pobreza, algunas de ellas quechua hablantes fueron sometidas a cirugías de ligaduras a sus trompas de Falopio. Esto era parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que el exburgomaestre llevó a cabo en su gobierno.
