ONU, ASEAN y Vaticano advierten graves consecuencias
Una recesión global con consecuencias dramáticas, con menor crecimiento, inflación alta e impacto en el comercio internacional, además de mayor pobreza y la amenaza de hambruna, advirtió las Naciones Unidas.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó sobre los efectos negativos de una prolongación de la guerra en Irán, que comenzó con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero, y las restricciones en el estrecho de Ormuz, por donde pasa la cuarta parte de la producción mundial de petróleo.
Según las estimaciones presentadas por el organismo, incluso si el bloqueo marítimo terminara de inmediato, el crecimiento mundial caería de 3,4% a 3,1%, mientras que la inflación subiría hasta 4,4 por ciento.
Cadena de males
Guterres señaló que las limitaciones al tránsito marítimo ya afectan el transporte de petróleo, gas, fertilizantes y otros bienes esenciales, generando efectos en cadena sobre la energía, los alimentos y la industria.
Si las interrupciones se mantienen hasta mediados del 2026, unas 45 millones de personas podrían caer en la pobreza y otra cantidad similar enfrentar hambre extrema debido a la escasez de fertilizantes y la caída de las cosechas. En el peor escenario, con afectaciones durante todo el año, la inflación superaría el 6% y el crecimiento global se reduciría al 2%, advierte la ONU.
Indicó que una prolongación del conflicto en Medio Oriente y sus efectos se agravan a cada hora debido a las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz, importante vía marítima restringida por Irán tras la agresión militar de Washington y Tel Aviv.
Crisis energética
En este contexto, los ministros de Economía de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) advirtieron que el conflicto en Medio Oriente podría generar una notable desaceleración del crecimiento económico e inseguridad energética a nivel mundial.
El Consejo de la Comunidad Económica del bloque considera preocupante las perturbaciones en las principales rutas marítimas, en particular en el estrecho de Ormuz, por donde transita casi una cuarta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado transportadas por vía marítima, de las cuales más del 80 por ciento se destinan a Asia.
Precisa sobre riesgos sustanciales para la seguridad energética global, alimentada por la volatilidad persistente de los precios del petróleo y del gas natural licuado, y el posible aumento pronunciado en los costos de transporte marítimo, seguros y servicios logísticos.
Subraya la importancia de mantener abiertas las infraestructuras comerciales -como fronteras terrestres, aeropuertos y puertos- para garantizar el flujo de bienes esenciales.
Proponen estudiar la creación de reservas regionales de petróleo y acordaron intensificar la coordinación con instituciones financieras internacionales con el fin de reforzar la resiliencia económica del bloque.
Consecuencias
De otro lado, la guerra impuesta a Irán, según Teherán, ya afecta a Estados Unidos, donde los precios de la gasolina alcanzan su nivel más alto y una preocupación ante el riesgo de una crisis energética global. Los consumidores estadounidenses pagan el precio de la guerra de Washington hacia el país persa, sostienen expertos.
El precio promedio de un galón (3,79 litros) de gasolina en EEUU ha llegado a los 4,23 dólares, informó el canal NBC News. En el estado de California se registra el valor más elevado al alcanzar 6 dólares por galón. Desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, los costos de combustible en el país norteamericano han incrementado un 40%, mientras, el precio del petróleo Brent se cotiza a 114,60 dólares.
Según una encuesta de Ipsos y el medio ABC, el 61 % de los estadounidenses considera que fue un error de la administración de Donald Trump usar la fuerza militar contra Irán, importante productor de petróleo y miembro del BRICS, grupo de economías emergentes. La senadora demócrata Jeanne Shaheen dijo que la situación del pueblo estadounidense ha empeorado.
El conflicto bélico en Irán, el segundo en menos de un año, cuesta hasta la fecha a Estados Unidos unos 100.000 millones de dólares, según el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, lo que difiere de los 25.000 millones estimado por el Pentágono, que apoya la política expansionista de Israel en Medio Oriente.
Araqchi sostiene que los costos indirectos para los contribuyentes estadounidenses son “mucho más altos”. La factura mensual para cada hogar en Estados Unidos es de 500 dólares y sigue aumentando rápidamente.
Desaceleración e inflación
La Unión Europea (UE) ha tenido un mal inicio de año, marcado por un crecimiento estancado y un aumento de los precios al consumidor, en medio del impacto del conflicto en Medio Oriente. Durante el primer trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) del bloque avanzó apenas 0,1%, por debajo de las expectativas del mercado, que anticipaban un 0,3%.
España ha registrado un crecimiento casi nulo de 0,6%, seguida de Alemania con 0,3%, e Italia con 0,2%, mientras que Francia registró un 0%, lo que revela francas señales de debilidad económica en la eurozona.
Además, la inflación en la zona euro subió a 3% interanual en abril, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía, cuyos precios aumentaron 10,9%, más del doble que en marzo. Este escenario ha reavivado el riesgo de estanflación, una combinación de bajo crecimiento y alta inflación que complica la toma de decisiones del Banco Central Europeo.
Crisis alimentaria y pobreza
Por otro lado, el WFP 2026 Global Outlook, presentado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), estima que 318 millones de personas enfrentan este año niveles de crisis de hambre o situaciones más graves, atribuido entre otros factores, a la inestabilidad, especialmente en Medio Oriente, que amenaza con empujar a otros 45 millones de personas hacia una situación de hambre aguda en los próximos meses.
A esto se suma el preocupante balance del informe el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025, elaborado por organismos de la ONU, que situaba en 673 millones el número de personas que sufrieron hambre en 2024, con más de 2.600 millones de personas imposibilitadas de acceder a una dieta saludable, según el Vaticano.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el PMA alertaron que, durante 2026, la inseguridad alimentaria seguirá agravándose en al menos 16 países y territorios identificado como puntos críticos.
El Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2026, conocido durante el Foro del Consejo Económico y Social (FFD), en Sevilla, España, la semana pasada, reveló que 266 millones de personas en 47 países (casi el 23 % de la población analizada) se encuentran afectadas por la inseguridad alimentaria aguda, dos hambrunas declaradas y la reducción de la financiación humanitaria.
Indica que la inseguridad alimentaria global ya no es consecuencia de una serie de crisis temporales, sino de una crisis estructural y profundamente arraigada. En los últimos diez años, el número de personas afectadas por el hambre aguda se ha duplicado, de acuerdo al informe.
Sin embargo, se advirtió en el foro, el mundo ha reducido la financiación destinada a la seguridad alimentaria y la nutrición a los niveles de hace casi una década.
En 2025 fue declarado oficialmente una hambruna en Gaza, territorio palestino ocupado por Israel, y en algunas zonas de Sudán, agravada por los conflictos bélicos, las fuertes restricciones al acceso humanitario y los desplazamientos forzados masivos.
Otra Flotilla Global Sumud, conformada por 58 embarcaciones y que zarpó el domingo desde Europa, sufrió hostilización por parte de Israel en aguas internacionales y al menos 175 activistas detenidos trasladados a Grecia, cuando pretendían romper el cerco y entregar alimentos, medicinas y otras necesidades a la población de Gaza.
El Vaticano denunció ante el foro de Sevilla, organizado por la ONU, la insuficiencia del instrumento financiero internacional, que deja de lado a las personas, y consideró que la deuda externa “asfixia” la inversión pública en salud, educación y protección social.
