La madrugada del 24 de abril, la vivienda del exjefe de la oficina nacional de procesos electorales (ONPE) fue allanada por orden del fiscal a cargo del caso, Raúl Martínez, hecho que llevó una duración de aproximadamente 6 horas. Este suceso ocurre en el marco de las diligencias de la Fiscalía por los retrasos registrados en la entrega del material electoral en varios puntos de Lima Metropolitana el pasado domingo 12 de abril en los sufragios presidenciales.
Esta intervención estuvo a cargo de la fiscalía en compañía de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y se realizó en la presencia de Richard Sánchez, abogado defensor de Corvetto.
Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la intervención procedieron con la incautación de equipos móviles y documentos con el fin de determinar el manejo logístico realizado durante los últimos comicios. Asimismo, mediante el análisis del material incautado se busca corroborar la tesis del Fiscal la cual refiere a delito en contra de la administración pública.
Así también, se procedió con los 2 locales de la empresa GALAGA ubicados en el distrito de San Juan de Lurigancho y en Lurín, entidad encargada del trasporte de materiales de sufragio el previo proceso electoral. De igual manera, los exgerentes de la ONPE, José Samamé y Juan Fang estarían entre los intervenidos.
Este hecho centra un precedente en la investigación sobre lo ocurrido en las pasadas votaciones. Se espera que las autoridades, con los materiales obtenidos, puedan precisar lo ocurrido y se determine la culpabilidad de los implicados en el delito de colusión agravada. Una transgresión, que contempla una pena privativa de entre 6 a 15 años.
