El caso de Axel Linares Cerpa, ciudadano venezolano de 30 años, ha vuelto a poner en evidencia las profundas fallas del sistema de protección a mujeres víctimas de violencia en el Perú. El agresor fue detenido tras protagonizar dos ataques consecutivos contra su expareja en su centro de trabajo, ubicado en El Agustino, hechos que no solo pusieron en peligro la vida de la víctima, sino también la de los serenos que intentaron defenderla.
Según relatan testigos, el primer episodio ocurrió el jueves 19 de junio, cuando Linares ingresó violentamente al establecimiento, amenazó a la mujer y la golpeó con el mango de un cuchillo, causándole cortes en el cuello y la pierna. En la intervención del serenazgo, uno de los agentes resultó herido en el rostro y el atacante logró huir. Lo alarmante es que, cuatro días después, el lunes 23 de junio, Linares volvió al mismo lugar para intentar agredir nuevamente a la víctima. Esta vez, al ser confrontado por los serenos, apuñaló a uno de ellos en el hombro, causándole una herida que requirió tres puntos de sutura.
Después de este segundo ataque, el agresor fue reducido y trasladado a la Depincri de El Agustino, donde continúa bajo investigación. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha confirmado si Linares tiene antecedentes previos por violencia, pero la gravedad y reiteración de sus acciones configuran un claro caso de tentativa de feminicidio, además de lesiones graves contra funcionarios públicos.
Este hecho no es solo un reflejo del nivel de violencia que enfrentan muchas mujeres por parte de sus exparejas o parejas. También evidencia la débil capacidad de reacción del Estado para prevenir nuevas agresiones, incluso después de una denuncia pública o una intervención inicial. La pregunta es inevitable: ¿qué habría ocurrido si los serenos no hubieran llegado a tiempo en el segundo ataque?
Se espera que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervenga de forma inmediata y que este caso no quede impune. La reiteración del delito, la premeditación del atacante y la exposición pública de la víctima ameritan una respuesta firme y ejemplar.
Este tipo de casos exige no solo castigo, sino también un rediseño del sistema de protección a mujeres en riesgo, con medidas que garanticen su seguridad desde la primera alerta, así como protocolos eficaces de seguimiento. Porque cuando un agresor puede volver a atacar días después, la impunidad no solo es jurídica, sino estructural.
