Días atrás, el consejero Francisco Távara informó que se excusó de participar en la audiencia del 6 de junio, donde se presentó la defensa de Benavides, y no fue convocado a la sesión del 12 de junio en la que se habría votado su reposición. Esto implica que solo seis miembros del pleno habrían estado presentes en dicha decisión.
Hasta la fecha, solo se ha difundido una resolución firmada por Gino Ríos, fechada el 12 de junio, en la que se informa que se anuló la destitución de Benavides, se rehabilitó su título como fiscal suprema y se ordenó su retorno como fiscal de la Nación. No se especifica cuándo ni cómo se votó esa decisión.
Según fuentes internas, dos consejeros habrían sido presionados para firmar el acta y la resolución, pese a haber expresado objeciones al acuerdo. Uno de los consejeros participantes confesó en privado estar sorprendido por la resolución y reveló que firmó documentos entregados en un ascensor, donde no se mencionaba que Benavides volvería como fiscal de la Nación, sino únicamente como fiscal suprema.
La falta de transparencia ha generado suspicacias sobre el contenido real del acta, especialmente porque en ella debería figurar quién propuso la reposición, qué argumentos se presentaron y qué votaron los demás consejeros. En la resolución firmada por Ríos no se da cuenta de estos detalles y solo se responde parcialmente a los cuestionamientos del consejero Távara, sin mencionarlo.
El 16 de junio, la Junta de Fiscales Supremos, tras reincorporar a Tomás Gálvez como fiscal supremo, tomó conocimiento del caso y, de manera unánime, pidió a la JNJ que aclare los efectos legales de la resolución N.º 231-2025-JNJ. Argumentaron que en octubre de 2024 eligieron legalmente y de buena fe a Delia Espinoza como fiscal de la Nación para el periodo 2024-2027. Por ello, no se niegan a acatar la decisión de la JNJ, pero exigen primero acceder a toda la documentación necesaria para evaluar la legalidad de una posible transferencia del cargo.
Mientras tanto, el Ministerio Público ha mostrado un proceso interno de deliberación y respeto institucional, a diferencia de la JNJ, donde las decisiones sobre los casos de Patricia Benavides, su hermana Enma Benavides y la fiscal Azucena Solari parecen concentradas en Gino Ríos y la vicepresidenta María Teresa Cabrera. Los demás consejeros solo recibirían documentos para firmar, sin mayor participación.
En este contexto, Ríos evita responder sobre la ubicación del acta y solo se comunica mediante comunicados sin validez legal o a través de funcionarios subalternos. El lunes, la asesora de Cabrera, Magnolia Martínez, remitió un oficio a Delia Espinoza dándole un día de plazo para dejar el cargo, bajo amenaza de usar la fuerza pública. Esta funcionaria no tiene autoridad para emitir ese tipo de requerimientos, los cuales solo corresponden al pleno de la JNJ.
Más tarde, el secretario general encargado de la JNJ, Jorge Matienzo, envió al Congreso una copia de la resolución que repone a Benavides. Ese mismo día, el juez Juan Torres Tasso del Noveno Juzgado Constitucional de Lima admitió la demanda de amparo presentada por Espinoza, con lo cual el Poder Judicial exigirá que la JNJ muestre el acta en cuestión.
Horas después, Gino Ríos convocó a Benavides y Espinoza a una “conciliación” para resolver el conflicto, tratándolas a ambas como fiscales supremas. Con esto, desconoce oficialmente la condición actual de Espinoza como fiscal de la Nación y legitima la reposición irregular de Benavides.
Este acto genera aún más confusión, ya que deja al margen a los otros cuatro fiscales supremos en una decisión que debería ser colegiada. Si se niega que Espinoza sea la fiscal de la Nación, ¿por qué no se considera a los demás como posibles titulares? Además, en el sistema legal peruano no existe una figura de “conciliación” para definir quién ocupa un cargo de esa envergadura.
