En el Perú, más de 1.800 obras públicas permanecen paralizadas. A pesar de ello, los gobiernos municipales continúan recibiendo partidas presupuestales, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso real de esos fondos y la falta de resultados visibles para la población.
Un problema de larga data sin solución
El informe más reciente de la Contraloría General de la República revela que más de 1.800 obras públicas se encuentran detenidas en todo el país, muchas desde hace varios años. Estas paralizaciones afectan la ejecución de proyectos clave en sectores como transporte, educación, salud y vivienda.
Los principales responsables de estas obras inconclusas son los gobiernos locales, que pese a tener una importante cantidad de proyectos paralizados, siguen recibiendo recursos económicos del Tesoro Público y del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún).
Asignación de recursos sin resultados visibles
Expertos advierten que esta situación representa un riesgo de ineficiencia y posible malversación. Si bien el gobierno central transfiere fondos regularmente a los municipios, no existe una fiscalización estricta que asegure que ese dinero se destine a reactivar obras detenidas.
«Seguimos viendo que los recursos se entregan, pero no hay obras concretadas. ¿Qué hacen con ese dinero si los proyectos siguen paralizados?», cuestionan desde la sociedad civil y gremios profesionales.
Falta de capacidades técnicas y poca fiscalización
El director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia, ha señalado que no basta con aumentar la asignación de recursos a los gobiernos locales si estos no cuentan con personal calificado, planificación ni supervisión adecuada. “La mayoría no tiene capacidad técnica para ejecutar proyectos. Eso debe corregirse de inmediato”, remarcó.
La Contraloría también ha alertado que muchas obras carecen de informes actualizados sobre su estado, lo que impide tomar decisiones oportunas para su reinicio o cierre definitivo.
Impacto directo en la ciudadanía
La paralización de obras afecta directamente a millones de ciudadanos. Colegios sin terminar, hospitales cerrados y carreteras inconclusas son parte del día a día en varias regiones del país. Mientras tanto, el dinero sigue fluyendo a las municipalidades sin resultados tangibles.
Urge una reforma estructural
La continuidad de esta situación refleja una falla estructural en el sistema de inversión pública del país. Urge implementar mecanismos de control más rigurosos y fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos locales. De lo contrario, los recursos del Estado seguirán destinándose a obras que nunca se terminan, mientras las necesidades de la población siguen desatendidas.
