Publicada el 13 de mayo en el diario oficial El Peruano, la ley fue impulsada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) y establece que el acceso a servicios higiénicos debe regirse por el sexo biológico. Según su exposición de motivos, busca “fortalecer el derecho de la indemnidad sexual de niños y adolescentes”, aunque incluye disposiciones que limitan directamente el acceso de personas trans a espacios públicos.
La normativa solo permite el ingreso a baños de sexo distinto en situaciones específicas: acompañamiento a menores de edad, atención médica de emergencia, labores de mantenimiento o cumplimiento de mandatos judiciales. Además, obliga a las municipalidades a supervisar la correcta señalización y protocolos de uso en establecimientos públicos, así como a capacitar al personal en derechos del niño y adolescente.
También se ordena la instalación de baños separados para hombres, mujeres, niños y personas con discapacidad. Esta disposición ha generado dudas sobre la continuidad de espacios inclusivos, como los baños del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuya señalética había sido adaptada recientemente para acoger a personas en su diversidad.
Gianna Camacho, periodista y activista trans, expresó su rechazo a la norma: “Perpetúa estigmas y prejuicios sin base estadística ni evidencia que justifique su aplicación”. Además, señaló que no existen leyes similares en otros países de la región y que esta legislación vulnera derechos constitucionales como la igualdad y la dignidad.
Organizaciones como Promsex advierten que la ley contradice el Código Penal, que sanciona la discriminación por identidad de género, y han anunciado que presentarán acciones legales para impugnarla. Consideran que institucionaliza la transfobia bajo un discurso protector que carece de sustento real.
La aprobación también ha intensificado las tensiones políticas. En marzo, durante un evento en el Congreso, un grupo de personas trans utilizó los servicios higiénicos del Parlamento. El hecho motivó una denuncia contra la congresista Susel Paredes, organizadora del evento, presentada por legisladores conservadores encabezados por Milagros Jáuregui (Renovación Popular).
Frente a este escenario, la comunidad trans y diversas organizaciones sociales han convocado movilizaciones y foros públicos. Consideran que esta norma representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y exigen al Estado peruano una agenda legislativa inclusiva, libre de prejuicios y basada en la dignidad de todas las personas.
