Los transportistas han convocado una huelga nacional para los días 13, 14 y 15 de noviembre, en lo que será su cuarta manifestación de este tipo en lo que va del año, para exigir acciones inmediatas ante la escalada de delincuencia, extorsión y sicariato que afecta su seguridad y la de sus operaciones. La protesta cuenta con el apoyo de otros sectores económicos y organizaciones sociales que comparten la preocupación por la inseguridad, y se desarrollará durante la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada en Lima del 10 al 16 de noviembre. Este foro reunirá a líderes y representantes de 21 economías de la región Asia-Pacífico, poniendo al país en el centro de la atención internacional.
Entre las demandas figura la derogación de la Ley N° 32108, popularmente llamada “Ley pro crimen organizado”, argumentando que esta normativa favorece indirectamente a redes de delincuencia organizada al limitar las acciones de protección y control. También exigen el archivamiento inmediato de proyectos de ley relacionados con el «terrorismo urbano», los cuales, según denuncian, podrían generar más problemas de seguridad pública en áreas de alta vulnerabilidad.
Los gremios solicitan, además, una serie de medidas específicas para fortalecer la seguridad en las rutas y zonas de operación de transporte. Estas incluyen un aumento en la presencia policial en las principales carreteras y terminales de transporte, así como patrullajes de seguridad, implementación de sistemas de vigilancia como cámaras de monitoreo en áreas de alta incidencia criminal, y una mayor coordinación con las autoridades locales para la creación de corredores seguros.
Estos exigen que el Estado implemente programas de inteligencia y operativos constantes para desarticular bandas criminales que extorsionan a los transportistas, y un compromiso firme de las autoridades para llevar a cabo reformas en el sistema de justicia que permitan sancionar con mayor rigor a los delincuentes que amenazan la estabilidad del sector.
