En declaraciones recientes, el viceministro de Justicia reafirmó la necesidad de avanzar con el proyecto de ley que busca crear «tipos especiales» de delitos, diseñados específicamente para abordar el fenómeno creciente de la criminalidad en entornos urbanos.
Este proyecto, que ha generado un amplio debate en los sectores políticos y sociales, apunta a actualizar el marco normativo para enfrentar las nuevas formas de violencia y terrorismo que están afectando las ciudades del país. Según el viceministro, la legislación actual no es suficiente para combatir eficazmente la creciente sofisticación de las organizaciones criminales, por lo que se requiere una respuesta más precisa y contundente.
«Estamos trabajando para adecuar las leyes a la realidad que vivimos. No se trata solo de sancionar delitos comunes, sino de tipificar aquellos actos que, por su naturaleza, generan un grave daño social y ponen en peligro la seguridad ciudadana», afirmó el funcionario.
El proyecto de ley contempla la creación de figuras penales que incluirían actos de violencia extrema, sabotaje a la infraestructura urbana y acciones coordinadas por redes criminales que buscan sembrar el caos y el miedo en las ciudades. Además, se propone endurecer las penas para quienes financien o participen en la planificación de estos delitos.
Organizaciones de derechos humanos y algunos sectores de la oposición han expresado su preocupación, argumentando que la ley podría llevar a abusos y restricciones a las libertades civiles. Sin embargo, el Gobierno ha asegurado que las medidas estarán enmarcadas en el respeto a los derechos fundamentales y que la prioridad es garantizar la seguridad de la ciudadanía.
El debate en el Congreso sobre esta iniciativa será clave en las próximas semanas, y se espera que el Gobierno defienda enérgicamente el proyecto ante posibles críticas y modificaciones.
