Dada una considerable disminución en la calidad del agua, el gobierno del país sudamericano ha instado a la población a comprar embotellado el líquido vital. Un grupo de expertos en derechos humanos advierte que esa medida supone un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano y recuerda que este uso está por encima de cualquier interés empresarial.
El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados.
Las autoridades sanitarias uruguayas han reconocido el riesgo y han pedido a la población que compre agua embotellada para beber.
Privatización de facto
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* advirtió este jueves en un comunicado que esa medida “crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”, e instaron al gobierno a darle prioridad al uso del agua para consumo humano.
El gobierno ha recomendado reducir el consumo de agua en los hogares, pero no ha aplicado las mismas restricciones a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción.
Los relatores especiales recordaron que si bien los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica agravada por periodos sin lluvias anormalmente largos, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país.
«Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos», recalcaron.
Asimismo, aludieron a las advertencias que han hecho a lo largo de los años de que la expansión de las concesiones a industrias intensivas en agua estaban contaminando ese líquido y causando su escasez en el país.
El consumo humano es mínimo
«El agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable«, enfatizaron los expertos.
Subrayaron que el derecho humano al agua implica que ésta sea físicamente accesible, esté libre de contaminantes y sea gestionada de manera sostenible, respetando la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.
En este sentido, expresaron especial preocupación por la situación de las personas que no pueden permitirse comprar agua y aquellas con discapacidades o movilidad reducida que no pueden transportar agua.
Responsabilidad de las empresas
Para los especialistas en garantías fundamentales, las empresas, incluidas las empresas estatales, “tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento”.
Por su parte, los Estados “tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho al asegurar el acceso universal a agua potable segura, incluso durante emergencias», agregaron.
Los relatores especiales señalaron que el gobierno uruguayo ha trabajado para reducir los impuestos al agua. Sin embargo, puntualizaron que lo más importante en este momento es garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida.
Los expertos han contactado al gobierno de Uruguay para plantearle estos problemas.
Los firmantes del comunicado son: Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; Damilola Olawuyi (Presidente), Robert McCorquodale (Vicepresidente), Fernanda Hopenhaym, Elżbieta Karska y Pichamon Yeophantong, Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos
* Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o temas temáticos en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan en su capacidad individual.
